Relevan dos fincas decomisadas al “Clan Castedo” en Salta
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) inspeccionaba -desde el martes 3 hasta el jueves 5- las fincas “El Aybal” y “El Pajeal”, ubicadas en el departamento salteño de San Martín, en cercanías con la frontera con la República Plurinacional de Bolivia, las cuales fueron decomisadas al denominado “Clan Castedo”, condenado por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos.
La medida había sido solicitada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°1, por los fiscales generales de Salta, Carlos Martín Amad y Eduardo Villalba, con colaboración de las titulares de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, Carmen Chena, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.
La inspección, que está a cargo de la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados" y la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE, con colaboración de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y el Gobierno de la provincia de Salta, ocurre luego que, en diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas dispuestas en 2022 contra Delfín Reinaldo Castedo -en calidad de líder-, su hermano Raúl Amadeo Castedo, el martillero público Eduardo Torino, los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi, y la expareja del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, como integrantes de la asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.
De acuerdo a las y los representantes del MPF, la adopción de esta medida se torna relevante, dada las características de las propiedades decomisadas. Es que las fincas “El Pajeal” y “El Aybal” cuentan con una extensión aproximada de 23 mil hectáreas ubicadas en localidad de Salvador Mazza, en el departamento salteño de San Martín, en la frontera con Bolivia.
Tal extensión le permitió al clan, establecer el dominio de la zona y establecer un paso fronterizo privado y sin control ni restricciones, para contrabandear las drogas desde Bolivia hacia nuestro país, según se acreditó en el juicio.
A fin de que conservar las propiedades, se dio intervención a la AABE, en los términos del decreto Nº598/2019 que establece que “los bienes del Estado Nacional y los derechos sobre ellos, son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, los cuales conforme los estándares de uso racional, no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil. Que, en dicha inteligencia, sumado a los costos asociados a su manutención, se adicionan los riesgos latentes de ocupación, pérdida de valor de los mismos, focos de inseguridad, como así también el evidente perjuicio urbanístico y social que provoca la conservación de tales activos en estado de subutilización, desocupación o abandono”.