Palmier aseguró que fue malinterpretado aunque reconoce que fue “poco feliz”

El pasado 23 de octubre en el programa “Día de Miércoles”, el abogado litigante Darío Palmier habló sobre su visión de la justicia en Salta y los recientes casos que vinculan a jueces en Orán con el narcotráfico. "Estamos en una crisis política, judicial e institucional en Salta, donde se necesitan medidas que brinden seguridad y transparencia a la justicia", declaró en su momento. En tal sentido, propuso la creación de comisiones especiales “independientes”  del poder político.

Luego de la exposición mediática, se originó una andanada de repudios advirtiendo sobre la gravedad de sus palabras. Así lo hicieron el Ministerio Público Fiscal, la Asociación de Fiscales, y  el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta.

El abogado rompió el silencio y el 28 de octubre envió una comunicación oficial dirigida al presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Dr. Sergio Díaz Lenes, solicitándole que se expida al respecto,  “en pos de garantizar la libertad de expresión, derecho a trabajar y el derecho de opinión de uno de los miembros de la institución que preside”.

Sobre sus dichos vertidos en “Día de Miércoles”, el abogado explicó que “simplemente tuvieron por norte manifestar una opinión sobre la realidad política, social, judicial e institucional que atraviesa la Provincia de Salta, que se evidencia en los procesos penales y de enjuiciamiento iniciados en contra de magistrados y funcionarios, por presuntos hechos de corrupción relacionados con el crimen organizado”.  En ese sentido, remarcó que “de ninguna manera existió la voluntad de desprestigiar la tarea de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial”.

“Si lo tuviésemos acá al doctor Ricardo Toranzo o al doctor (Eduardo) Villalba -fiscales Federales-, son hombres que están enfrentados al crimen organizado hace más de más de una década y ninguno de ellos tiene custodia personal ni se necesita entrar a tribunales ni pasar por un detector de metales ni nada por el estilo. Y hace años que vienen combatiendo el narcotráfico, al tráfico de armamento, al lavado de activos, a lo que hace realmente a la corrupción, sin ningún tipo de custodia”, dijo el abogado.

“Dentro de la jerga penal hay un análisis lógico y simple. Si está con 200 custodios alrededor, si está bien custodiado, ¿qué es más fácil? ¿matar a algún miembro de su familia?, ¿a un hijo? o ¿matarlo al fiscal?” preguntó al aire. “Es mucho más fácil matar a un miembro de la familia. Yo no conozco el pensamiento de los fiscales, pero probablemente, en una actitud plena de valentía, prefieren que, si son blanco de algo, caigan ellos -por los fiscales- en el ejercicio de la función y que no toquen a su familia”, afirmó Palmier lo que generó aún más controversia.

No obstante, Palmier señaló que los comunicados de las instituciones antes mencionadas fueron “desproporcionadas y atentatorias de los derechos garantizados por el artículo 23 de la Constitución de la Provincia de Salta”. “La dimensión de las acusaciones vertidas me generan un grave estado de angustia, zozobra e incertidumbre jurídica, toda vez que asisto, azorado, a una reacción corporativa encaminada a acallar mi  postura crítica, total y absolutamente desinteresada, puesto que no ejerzo la defensa de ninguno de los jueces ni funcionarios involucrados en las causas sobre las que se me estaba consultando”, esgrimió.

En lo que refiere a sus expresiones que hacen a la seguridad de los Fiscales, federales o provinciales, Palmier explicó que los dichos vertidos fueron meramente ejemplificativos y tal  vez “poco felices”. “Me ha llamado a la reflexión, considerando que dichas cuestiones son altamente sensibles para ser tratadas públicamente, correspondiendo a cada institución implementarlas de acuerdo a la necesidad de las mismas”, amplió e insistió que las “interpretaciones realizadas al respecto fueron malinterpretadas, totalmente sacadas de contexto, subjetivadas y dirigidas a causar confusión, y un grave perjuicio a la trayectoria profesional demostrada”.

En otro punto, en alusión a la propuesta de la creación de las comisiones especiales, el abogado, aclaró que no  se refería a comisiones de juzgamiento que están expresamente prohibidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional. “La situación excepcional que se vive en el distrito judicial norte – San Ramón de la Nueva Orán – entiendo que exige una auditoría y rendición de cuentas absolutamente imparcial, ajena a toda injerencia política y corporativa (…), de allí la propuesta efectuada”, defendió.

“Lamento en lo más profundo el escándalo mediático ocasionado por la reacción corporativa; empero no me siento responsable de ella ni la comparto en lo más mínimo, puesto que, reitero, solo emití una honesta y desinteresada opinión”, manifestó el abogado,  con más de 30 años de ejercicio de la profesión.