El Gobierno acelera la reforma laboral y prepara envío de tres proyectos clave al Congreso

El Gobierno acelera el decreto que reglamenta la reforma laboral y prepara el envío de tres proyectos electorales al Congreso. El Ejecutivo planea reactivar la agenda legislativa y trabaja también sobre el capítulo energético de la Ley Bases.

La Casa Rosada quiere impulsar en septiembre la reforma de la Ley de Partidos Políticos (23.298). Se trata del reempadronamiento digital de afiliaciones junto con modificaciones en la composición jurídica de los partidos.

El segundo proyecto impulsa cambios en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215). Proponen eliminar 19 artículos que establecen las normas de los aportes públicos de campaña y de impresión de boletas junto con la distribución de aportes.

Apuntan a modificar también el límite de los aportes privados de agrupaciones y personas. Buscan elevar del 2% al 20% las contribuciones de una misma entidad jurídica respecto de los gastos totales de la campaña.

El Gobierno incluirá dentro del proyecto la eliminación de los espacios de publicidad que debe distribuir la Vicejefatura de Gabinete de Interior entre las agrupaciones políticas que presenten candidatos.

Quieren derogar además el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, junto con la norma que establece que ningún medio puede publicar resultados de encuestas desde ocho días previos a cada elección.

El tercer proyecto es el de la modificación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Ejecutivo quiere eliminarlas, pero está negociando para poder reducir su gasto en boletas y operatividad ante la negativa de los bloques aliados.

La Boleta Única de Papel (BUP) ya tiene media sanción y comenzó a tratarse en comisión en el Senado. El proyecto de ficha limpia tiene estado parlamentario y la mesa chica de Balcarce 50 quiere fijar en sentencia de Casación el límite para inhabilitar candidaturas electorales.

El equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encargó de avanzar sobre los detalles jurídicos y reglamentarios de los títulos IV y V -Promoción del Empleo Registrado y Modernización laboral-, que la Casa Rosada quiere publicar la próxima semana en el boletín oficial.

Se trata de la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el establecimiento de un período de prueba de seis meses con posibilidad de extensión a ocho meses en casos de empresas que tengan entre seis y cien trabajadores.

Incluye la eliminación de multas al trabajo mal registrado -exime de aplicación a las leyes 27.430 y 17.250- y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Elimina además la ley 25.323, que duplica el pago de indemnizaciones cuando se trata de una relación no registrada.

Dispone también que la indemnización se agrave en caso de que haya un despido motivado por un acto discriminatorio originado por motivos de “raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad”. El pago se elevará al 50% en caso de haber una sentencia judicial que lo corrobore y la norma habilita a los jueces a incrementarlo al 100%.

Con información de TN