Un peligroso sicario de un narco-clan cumplió un año prófugo de la justicia de Salta

Lino Abdemar Moreno cumplió un año prófugo de la justicia de Salta, después de que aprovechara una salida transitoria que le autorizó el Juez de Ejecución de Tartagal, Edgardo Laurenci, cuando cumplía prisión perpetua por ser autor material del asesinato de la productora de Salvador Mazza, Liliana Ledesma, en 2006. 

Moreno fue condenado a prisión perpetua en junio de 2010. Él fue uno de los que atacó a Ledesma en la pasarela del barrio Las Rosas, luego de que la joven denunciara el cierre de caminos vecinales con el fin de liberar zona de frontera para actividades vinculadas al narcotráfico. Ledesma recibió siete puñaladas, una le cortó los labios en clara señal de “silencio”.

Por el cierre de los caminos Ledesma responsabilizaba al entonces diputado provincial romerista, José Ernesto Aparicio (fallecido en 2013, sin ser investigado), que era socio o integrante del mismo clan de los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo "Ula" Castedo, condenados por la Justicia Federal en 2022, como integrantes de una asociación ilícita que lavó activos provenientes del narcotráfico. Gracias a una investigación sobre narcotráfico que llevaba adelante la Justicia Federal, que había intervenido teléfonos de Aparicio y los Castedo, el crimen de Ledesma pudo ser esclarecido rápidamente. Se comprobó que Moreno, Aníbal Tárraga y Casimiro "Nene" Torres, mataron a la joven en la pasarela, con ayuda de una hermana de José Aparicio, María Gabriela Aparicio. Estas cuatro personas fueron condenadas a prisión perpetua en junio de 2010. En ese mismo juicio Patricia Guerra y Juan Moreno (f) fueron condenados por encubrimiento. Los hermanos Castedo no fueron juzgados entonces porque estaban prófugos y recién en 2016 quedaron a disposición de la justicia salteña, que ya lleva siete años de mora en juzgarlos.  

Pese a la condena, el entonces Juez Edgardo Laurenci permitió que saliera una vez al mes, y luego amplió las salidas transitorias a dos veces hasta que, finalmente, aprovechó un domingo y no volvió al penal de Orán. 

Cuando fue evidente la ausencia, el entonces Juez fue anoticiado por parte del Servicio Penitenciario telefónicamente y luego con documentos oficiales el día posterior. Sin embargo, se tomó 17 días el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del sicario para detenerlo. 

Los infortunados desaciertos del Juez no terminaron allí, puesto que la orden que entregó a la policía en esa ocasión incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno. Esto resultó en intentos infructuosos por parte de la Policía para localizar la dirección correcta, además de la imposibilidad de registrar su captura debido a la inexactitud de los datos proporcionados. Es así que 52 días después de conocer la ausencia de Moreno, el 9 de agosto, el Juez Laurenci corrigió el oficio enviado a la policía.

Con semejante ventaja, Lino Moreno no pudo nunca ser ubicado y ya cumplió un año prófugo aunque el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Domínguez, confesó que “va y viene” en la zona fronteriza. 

El Juez Laurenci fue denunciado por el Procurador General de la Provincia, el Jurado de Enjuiciamiento aceptó el cuestionamiento y hasta lo suspendió de sus actividades. Cuando trascendió que había consenso para sancionarlo, Laurenci presentó la renuncia y el Gobernador la aceptó, por lo que actualmente goza del beneficio de la jubilación sin haber rendido ninguna cuenta por la fuga de un peligroso sicario.