En el sector importador reconocen el cambio de clima económico y de negocios que generó la llegada del nuevo Gobierno desde el 10 de diciembre del año pasada. Durante la gestión anterior -de Alberto Fernández- y, especialmente, desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, los importadores fueron acumulando una deuda con los proveedores del exterior como consecuencia del sistema implementado para que las empresas se autofinancien las compras al exterior con la promesa de que, en un plazo determinado, el Banco Central liberaría los dólares al cambio oficial.

A través del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), la gestión de Javier Milei buscó solucionar el problema de la deuda acumulada. En tanto, para las importaciones que se realizaran a partir de diciembre se estableció un cronograma de pagos que se viene cumpliendo.

Con este nuevo escenario, el clima de negocios se modificó. Desde la cámara que agrupa a los importadores (CIRA), aseguran que en los últimos meses se están recibiendo muchas consultas desde el exterior para realizar inversiones en la Argentina.

“Desde hace unos 60 días, estamos recibiendo llamadas de empresas del exterior para averiguar sobre las posibilidades de hacer negocios en la Argentina. No sólo para importar sino también exportar. Quieren aprovechar los cambios en la política de comercio exterior que se están llevando adelante”, dijeron a MDZ desde la entidad.

La contracara de este optimismo se vive en el sector industrial argentinos, especialmente en el de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que el Día Internacional de las Pymes, que se celebra este jueves, encuentra al sector en una situación de “crisis” por la falta de lealtad comercial de importaciones, y acusó al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, de cerrar las puertas a un diálogo que permita evitar la quiebra de cientos de empresas, la pérdida de miles de puestos de trabajo y, especialmente, “evitar una tragedia ante el descontrol del Estado con la mercadería que llega desde otros países”.

“Hoy es un día de reclamo, en lugar de festejo. Hace tiempo que venimos pidiendo una reunión con Lavigne, quien lo viene evitando aduciendo problemas de agenda. Nuestro objetivo no es social, sino que busca plantear los perjuicios que genera a las fábricas nacionales, a toda la cadena de valor, pero también a la sociedad entera por las políticas de descontrol para el ingreso de importaciones, que nada tiene que ver con desregular el mercado. La falta de control de las importaciones dejó en crisis a las Pymes, puso en riesgo a los trabajadores y desamparada a la población”, alertó Rosato.

El presidente de IPA se lamentó que el secretario de Comercio “no tenga, ni siquiera, 10 minutos para atender las preocupaciones y las propuestas de las Pymes” y contrapuso la predisposición que tuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al sostener que “no sólo recibió de antemano nuestra postura, sino que nos dedicó una hora de audiencia, entendió nuestra postura y dejó abierta una negociación para avanzar en los puntos en común”.

“En la Argentina, como sucede en todos los países desarrollados, existían controles de calidad y de salubridad para el ingreso de mercadería que se fabrican en otras partes del mundo. Desde la llegada del Gobierno, Lavigne desmanteló esos controles. Pero, no sabemos si por desconocimiento o simple ideología, dejó a la gente sin cuidados básicos para su salud cotidiana. Ni hablar del efecto negativo en las Pymes y en los puestos de trabajo”, agregó.

Rosato aclaró que “la libertad de mercado es un concepto que se puede compartir o no” y, de hecho, sostuvo que desde IPA “ya se alertó los efectos nocivos sobre el aparato productivo que genera ese sistema comercial”. Sin embargo, indicó que los reglamentos técnicos cumplen una función distinta: “Son necesarios para conocer la trazabilidad de los productos, comprobar si cumplen con requisitos básicos para su funcionamiento y aprobar su calidad para evitar tragedias”.

Por caso, el presidente de IPA destacó que en el país está en riesgo la continuidad la única fábrica de medidores de gas natural debido a la falta de competitividad con la importación de esos productos, que cuentan con beneficios de origen y, además, no tienen que pasar por la aprobación de entes controladores locales, como sí sucede en la Argentina para la producción nacional, lo que genera mayores costos.

“No estamos pidiendo que se eliminen esos controles para los nacionales, porque la prioridad es la salud de la población. Pero, si al país ingresa mercadería de descarte, que no se utiliza en otras partes del mundo, ya que vienen construidos con un material que no es el adecuado, lo que puede ocurrir es una exposición a una crisis totalmente evitable. Si falla un medidor de gas en una casa, ¿quién responde ante esa tragedia?”, se preguntó Rosato.

Desde IPA iniciaron un pedido para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pueda aplicar, en su jurisdicción, los controles levantados en los puertos nacionales, “a modo de cuidar la salud de los bonaerenses, a la vez de resguardar la continuidad de las fábricas y del empleo en el territorio provincial”.

Con información de MDZ