El escándalo que sacude a la gestión de la exintendenta, Bettina Romero, sigue su curso con relevadoras informaciones que evidencian el actuar delictivo del ex presidente de la Panadería Social y pariente de la exjefa comunal, Emilio Fayón. Actualmente asesor del senador y exgobernador, Juan Carlos Romero.

En diálogo con Aries, el procurador de la Municipalidad, Matías Risso, recordó cómo se inició la causa judicial cuando en diciembre del 2023, a días de asumir Emiliano Durand la intendencia capitalina, su equipo detectó que los galpones municipales ubicados en el Parque Industrial habían sido vaciados.

En su relato, el Procurador, explicó que la denuncia penal se  hizo contra cuatro personas, Emilio Fayón y un exsecretario, de éste omitió el nombre ya que aún no fue imputado. También apuntó a Silvia Varg de Nioi, ex secretaria de Desarrollo Humano, quien sería imputada.

En ese sentido, Risso, estimó que puede haber otros allanamientos e imputaciones en el transcurso de la semana, ya que advirtió que los elementos encontrados en la finca del primo de Bettina Romero solo representan una parte de todo el botín. “Más de tres depósitos atestados de mercadería desde el piso hasta el techo”, describió.

Por otra parte, sobre la cadena de responsabilidades, no descartó que la investigación alcance a exfuncionarios de alta línea de la gestión anterior, incluso a Aroldo Tonini y la propia Bettina Romero. 

“La denuncia el municipio la radicó contra cuatro personas y en la actualidad tengo entendido que las imputaciones van a ser contra tres personas”, expresó. “En la  última semana hubo un gran movimiento de mercadería autorizada por funcionarios y secretarios de otras áreas, entre el viernes y el domingo de la jura”, agregó.

Entre los objetos se detectó mercadería afectada por los roedores, al igual que elementos destinados para personas con movilidad reducida, tales como caminadores y sillas de rueda. Además de chapas, camas ortopédicas, zapatillas, entre otros.

En curso la investigación, el Procurador municipal, señaló que aún falta por dar con el paradero de muchas cosas más para que, finalmente, lleguen a manos de quienes lo necesitan.

La denuncia presentada por la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad de Salta, en diciembre último, tuvo sus primeros resultados este viernes tras los allanamientos y el secuestro de mercaderías y bienes destinados a fines sociales en la finca de Fayón y en el domicilio de otro sujeto.

La investigación a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Odorisio, detectó irregulares como la falta de documentación de respaldo, inexistencia de equipos informáticos y salida de bienes en los depósitos municipales, a través de auditorías, relevamientos, y testimonios de personal involucrado en la gestión de esos espacios.