El Gobierno nacional de Javier Milei impulsa la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años para dar respuesta a los delitos cometidos por menores en el país y que reflejan una fuerte incidencia en las grandes urbes.

En “Vale Todo” con Valeria Capisano por Aries, el abogado penalista y titular de la Defensoría Pública de Víctima con asiento en la provincia de Salta, Dr. Carlos Nicolás Escandar, aseguró que bajar la edad de imputabilidad es una cuestión de política criminal más que de seguridad.

Actualmente los menores no son punibles hasta los 16 años. Algunos especialistas advierten que el proyecto del Ejecutivo nacional estigmatiza a los pobres y profundiza la violencia estatal.

Escandar propuso pensar el tema más allá de la dicotomía punibilidad sí, punibilidad no ya que la situación de los menores en conflicto con la ley penal es más complejo que la edad de imputabilidad, aseveró.

“Muchas veces se usa como medida de propaganda punitiva”, cuestionó, para luego proponer el abordaje desde tres aspectos. La reforma integral de la ley penal de la minoridad; la privación de la libertad a menores; y política criminal.

En primer lugar, el titular de la Defensoría Pública de Víctima en Salta, admitió que la Argentina tiene que reformar la ley penal de la minoridad tomando en cuenta que sus orígenes se remontan a la última dictadura militar. “Es una ley vieja que no tiene la técnica legislativa que debe tener una  norma moderna”, indicó.

Si bien para el abogado penalista lo ideal sería bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, señaló que de los 14 a los 16 no es trágico ya que debe acompañarse de otras medidas que hacen a la reforma integral de la ley penal de la minoridad, agregó.

En su análisis el Dr. Escandar advirtió que la iniciativa impulsada por la administración libertaria es “una decisión de política criminal y no de seguridad”. Para fundamentar esa afirmación, contó que estadísticas muestran que no llega al 1% la incidencia de los niños que cometen delitos.

“Puede justificarse por otras razones, pero no por razones de seguridad. Hoy no tenemos un problema de seguridad con respecto a una enorme cantidad de niños que salen a matar”, subrayó.

Por último, sobre la privación de la libertad, el Defensor público, enfático dijo que no se puede tratar a un niño como un adulto y por ello, finalizó con la propuesta de un régimen penal diferencial que trate cuestiones tales como penas más leves, mayores posibilidades de reinserción social, entre otras.