El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta emitió un fallo contundente el pasado 25 de marzo, condenando a Rosse Mary Aguilar García a una pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas. La sentencia, dictada por la jueza Gabriela Elisa Catalano, también incluyó una indemnización de $2.628.816 pesos para cada una de las tres víctimas involucradas en el caso.

 La acusación contra Aguilar García se basó en su participación en una red de trata de personas, agravada por la vulnerabilidad, la cantidad y la minoridad de las víctimas, así como por el número de imputados intervinientes. La modalidad del delito fue identificada como captación y traslado de las víctimas.

 Esta condena marca el tercer fallo relacionado con el caso, sumándose a las sentencias previas contra su pareja, Braulio Armella Mamani, y su hija Karla Yoselín Mamani Aguilar. La fiscalía, representada por Paula Gallo y Vanina Pedrana, destacó que la investigación se inició tras un control realizado a un colectivo en el puesto El Naranjo, en Rosario de la Frontera, donde se detectaron irregularidades en la documentación de las pasajeras, entre ellas menores de edad sin la autorización correspondiente de sus padres.

 Según los detalles expuestos durante el juicio, Aguilar García fue la responsable de captar a tres adolescentes que trabajaban en una mina en Potosí, Bolivia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Con la complicidad de su pareja, las trasladaron ilegalmente hasta Buenos Aires, ofreciéndoles trabajo en un taller textil bajo condiciones de explotación laboral.

 Las víctimas, en declaraciones por circuito cerrado de televisión, relataron cómo fueron persuadidas por la pareja para aceptar la oferta laboral, que incluía jornadas extenuantes y un pago irrisorio. La fiscalía argumentó que esta situación evidenciaba claramente el fin de explotación laboral.

 En el momento de evaluar la pena, la fiscalía solicitó una condena de 10 años de prisión para Aguilar García, pero bajo la modalidad de cumplimiento domiciliario debido a su responsabilidad como única cuidadora de sus hijos menores. Este planteo fue aceptado tanto por la defensa como por la acusada, allanando el camino para la sentencia final.

 La jueza Catalano, coincidiendo con los argumentos de la fiscalía, otorgó la indemnización solicitada para las víctimas y ordenó el decomiso de bienes relacionados con el delito, incluyendo un automóvil, $20 mil y  materiales textiles secuestrados en un inmueble vinculado a la red de trata, que habían sido secuestrados en un inmueble de Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires, que fue desmantelado tras la detención de Armella Mamani.