Nuevas pruebas complican a tres empleadas del hogar “Casita Feliz” por violencia contra niños
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalia Penal 2, imputó de forma provisional a tres mujeres mayores de edad, quienes se desempeñaban como operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta, como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
La investigación de la Fiscalía inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, reiteraban conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Utilizando como mecanismo disciplinador recurrente la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, se mencionaba que tal actitud era ordenada por la jefa del hogar.
La causa llegó a juicio el pasado mes de marzo ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, con una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar, imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
Al finalizar el debate, el pasado 16 de abril, el juez Leonardo Feans, condenó a la Coordinadora del dispositivo y a cinco operadoras, y absolvió por el beneficio de la duda a otras tres.
En el decreto de ampliación de imputación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que de la carga probatoria surgida de la audiencia de debate, entre la que se cuentan testimonios y datos documentales y fílmicos, continuó con la tarea investigativa en relación a las tres nuevas imputadas, ya que se advierte que desde sus roles, habrían participado, conocido y/o consentido la introducción de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría como mecanismo disciplinador para algunos menores allí alojados.
Ramos Ossorio señala que del análisis probatorio obtenido, surge que todas las encargadas sabían lo que acontecía, tacita o expresamente lo aceptaban, sea por no denunciarlo, sea por no profundizarlo, pero el video estaba disponible, el chat era de acceso libre y tal información, fue brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, y ratificado mediante sendas entrevistas con psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera infancia, como así también, en las entrevistas de Circuito Cerrado realizadas por personal del CIF.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas, comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas, tales como garantizar su seguridad y bienestar general bio-psico-social, brindar espacios de escucha activa, atendiendo las necesidades individuales y colectivas de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en el dispositivo, como promover la resolución pacifica de los conflictos entre pares y con el personal, observar, detectar y comunicar todo cambio en el estado emocional y/o físico de los niños.
Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.