Opinión12/06/2026

Aporte

Cierra una semana en la que el impacto de la política nacional en materia de obra pública fue analizada en distintos ámbitos. Los gobiernos provinciales llevaron su opinión y reclamos a la Cámara de Diputados. También las empresas fueron al Parlamento y siguen batiendo parches en los medios de comunicación. 

Según datos del INDEC y de consultoras privadas, la economía tiene registros positivos mínimos de crecimiento, luego de un extenso período de estancamiento y de retroceso en algunas áreas. Es un movimiento leve y no alcanza a los sectores que generan empleo masivo y que aportan, por lo menos, un tercio de la recaudación impositiva. Las dificultades para superar la recesión, que se expresa en la caída de consumo, está generando el cierre de empresas industriales y comerciales.

Asimismo, la suspensión de obras públicas está destruyendo a un sector económico muy dinámico, cuya situación ha sido calificada como “desesperante”, Es el de la construcción, que tiene un efecto multiplicador muy amplio y especialmente en el interior del país está padeciendo graves perjuicios.

El presidente de la Cámara de Construcción de Salta, Juan Carlos Segura,dio cuenta de que, pese a algunas licitaciones y obras menores impulsadas por Provincia y municipios, hay un escenario muy complejo y sin señales concretas de recuperación. Además, son dificultades que no solo afectan a las pymes sino que está golpeando incluso a grandes empresas constructoras que históricamente lograban sostener mayor volumen de trabajo.

En su exposición, el empresario salteño marcó las dificultades por las que atraviesa la actividad y su proyección sobre el desempleo pero  explicó el efecto que tiene la paralización de proyectos vinculados a infraestructura vial, sanitaria y educativa, y la reducción de programas vinculados a vivienda, que agudiza un problema social de envergadura.

La cuestión pone en evidencia, además, las desigualdades internas de un territorio extenso como el argentino y las asimetrías que generan políticas que anulan la aplicación del federalismo establecido constitucionalmente. Es así que las provincias más desarrolladas, como las de la zona central, están afrontando con mayor fortaleza las limitaciones que genera la decisión libertaria de abandonar la obra pública y continúan o inician proyectos que se financian con fondos propios. No es precisamente el caso del norte del país , que es el más afectado.

Se trata de una amplia región que arrastra condiciones de marginalidad que se extienden más allá de la actual gestión nacional y se han replicado cualquiera sea el signo político de sus sucesivos gobiernos. Es así que se  multiplican las dificultades que genera la administración del presidente Javier Milei en materia de seguridad vial, conectividad, desarrollo económico y productivo, generación de empleo e integración territorial. Son las cuestiones que se trataron en la referida reunión de la Comisión de Obras Públicas, de la Cámara baja nacional y que también se repitió en la Comisión de Industria.

Ha quedado plasmada la demanda de una  agenda de trabajo legislativo que apunte a resolver las problemáticas urgentes, que son de carácter impositivo y financiero, pero también que permita debatir proyectos alternativos, que atiendan a las particularidades de un país que está lejos de mostrar un desarrollo armónico.

Salta es una de las provincias que está aprovechando la oportunidad de la demanda mundial de recursos con los que cuenta en su extensa y variada geografía. Pero también está reflejando que el avance de la minería no es suficiente y reclama la atención a muchos otros sectores que pueden hacer un aporte significativo al demorado crecimiento provincial.

Salta, 12 de junio de 2026

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