Opinión 30/01/2024

Dificultades

Sin tregua se toman decisiones para avanzar definitivamente hacia un nuevo ordenamiento de políticas en un país en emergencia.

La tarea está en manos del Congreso y el Ejecutivo Nacional. El Gobernador de la Provincia, en tanto, se va a Europa en busca de inversores para proyectos de desarrollo minero.

La Cámara de Diputados convocó para mañana a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, luego que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaran que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa. Mientras se destraba este punto condicionante, en el entorno de ese hecho institucional se ha comenzado a avanzar a fin de encontrar soluciones a situaciones desestabilizantes.

La evolución de la obra pública es un problema que va tomando mayor peso y ha llevado a que sea convocado el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción para tratar la grave situación que genera su parálisis. La reunión tendrá lugar el próximo jueves 1 de febrero con el objetivo de definir líneas de acción. En la Provincia, por caso, hace un poco más de 10 días se conoció el decreto 45 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, por el que se dispuso -entre otras medidas de contracción del gasto- la suspensión de nuevas licitaciones de obras públicas.

Si bien durante sus primeros cuatro años de gestión se centró en hacer obras, Gustavo Sáenz se ha corrido de esa línea y en un punto complicado de su ejecución salió a buscar recursos que ya no fluirán de un modelo de gobierno superado. También será el jueves cuando viaje con sus pares integrantes de la Mesa del Litio a Alemania, para adelantarse al regreso de la Argentina a la normalidad.

El esfuerzo del Congreso apunta a  superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos, mientras otros sectores de la vida nacional encararán también una tarea similar para fortalecer las coincidencias a los fines de revisar prioridades. Se debe discutir el destino de cerca de 3.500 proyectos de obras inconclusas en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de unas 1.400 empresas que dan empleo a más de 500 mil personas,  Es lo que dice el informe de CAMARCO, la entidad que las nuclea a nivel nacional, que se vio compelida a promover un debate entre sus asociadas, a poco que se produjera la remoción de su interlocutor en el flamante gobierno. Y con ese alejamiento no hay quien se haga cargo de sostener el compromiso de que las obras que estaban en marcha se iban a mantener.

El objetivo de la convocatoria es abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina.  El presidente de la cámara empresaria, Gustavo Weiss, aseguró que esta crisis, a diferencia de la de 2001, es inédita porque  encuentra a las empresas con muchas obras en ejecución y con mucha deuda. Salta no es una excepción dentro de ese panorama.

Casi unas 30 obras no se realizarán si se mantienen los criterios para tomar tal decisión. De más de 400 obras sin avance físico a diciembre pasado, 15 son en Salta; otro tanto ocurre con las obras sin avance financiero y a ello se suma una abultada deuda en certificados de obra. Y no son obras monumentales. Nada que no podría encarar un gobierno municipal o provincial, como dijeron voceros del gobierno libertario en el Congreso.

Es un tiempo difícil. No más que eso.

Salta, 30 de enero de 2021

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