Tarifas de luz: el Gobierno llamó a audiencias públicas y se viene un aumento en marzo
El Gobierno realizó la convocatoria a dos audiencias públicas para definir las tarifas de "transición" de la distribución de energía en el AMBA y el transporte a nivel nacional. Las empresas pedirán un 200% de suba en sus márgenes.
Los aumentos llegarían a partir de los consumos de marzo y se sentirán en los hogares y comercios a partir de las facturas de abril y mayo.
Mediante dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -cuyo interventor, Darío Arrué, asumió este martes-, se oficializó el llamado a una audiencia pública para el viernes 26 de enero a las 8.30, en la que se estudiará la adecuación transitoria de las tarifas de Edenor y Edesur, y otra audiencia para el lunes 29 a las 8.30, en la que se analizará la situación económica-financiera de Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen. Ambas serán con modalidad virtual y se transmitirán por streaming.
El sector energético en su totalidad se encuentra bajo "emergencia", a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023 dictado el 16 de diciembre por el presidente Javier Milei. Esa normativa insta a la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) antes de que finalice el 2024, por lo que en los próximos meses se definirá el esquema de tarifas durante los próximos cinco años (2024-2028), a cambio de un programa de inversiones y un estándar de calidad de servicio en cuanto a duración y frecuencia de los cortes de luz.
Las boletas de la electricidad tienen cuatro componentes: la generación, el transporte, la distribución y los impuestos. Cada uno representaba en promedio en 2022 un 39%, 2%, 28% y 27%, respectivamente; mientras que las "pérdidas de energía" rondaban el 4%, según un informe de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).
En ese sentido, en las audiencias públicas se evaluarán aumentos para cerca del 30% del total de las facturas. No obstante, lo relevante desde el lado fiscal estará con la quita de subsidios, que se aplican sobre el precio estacional de la energía y no necesariamente debe ser sometido al proceso legal de participación y validación ciudadana.
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