En su análisis, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, recordó que cuando asumió como jefe de los fiscales, se propuso dos objetivos, “la guerra contra el narcotráfico y la violencia de género”, manifestó.

Ahora bien, sobre el primero dijo que venía advirtiendo el nivel de conflictividad y la problemática, observando que ha llegado a un límite que a su  entender responde a dos factores. En primer lugar, apuntó, a “la ausencia en los últimos años de una política criminal clara y planificación"; y por el otro el “degradamiento moral en las distintas facetas de las instituciones”.

Según señaló, el Procurador, la causa de corrupción y la vinculación de la justicia con el narcotráfico, en la figura del exjuez federal Raúl Reynoso -condenado por esos hechos, aunque fue beneficiado por la prisión domiciliaria, por no estar firme la sentencia-, “dejó una huella” que no se enfrentó en su momento, aseguró.

García Castiella, consideró que para atender a la problemática y evitar que escale a un nivel que se vuelva inmanejable, es necesario hacer un diagnóstico de política criminal y de planificación. Respecto a la primera, dijo que si bien “no se puede decir que existe el crimen organizado en el norte de la provincia, sí existen células determinadas con un nivel de organización criminal significativa que está generando alertas y alarmas que hay que prestarles mucha atención”, advirtió.

Por otro lado, en alusión a la planificación, el Procurador destacó el trabajo coordinado con la Justicia Federal de Salta en cuanto a causas que se inician por ejemplo, en principio, como homicidio pero tiene rasgos de sicariato o vinculaciones con el narcotráfico. En relación a la Policía de la provincia, marcó que el trabajo se basa en la necesidad de reforzar el territorio en colaboración con determinadas fiscalías, explicó.