“Si para tener seguridad hay que violar la Constitución, no somos capaces de resolver el problema”

Luego que Patricia Bullrich propusiera registrar las conversaciones entre las personas privadas de la libertad y sus abogados, Omar Carranza, explicó porque no es viable su implementación y cómo atenta contra las garantías constitucionales de un ciudadano.

Por Ares,  Carranza, advirtió que se debe garantizar la confidencialidad entre un detenido y su abogado como parte de un proceso legal justo, respetando las garantías legales y los derechos individuales de todos los ciudadanos.

Además, agregó que luego del año 1994, con la última reforma de la Constitución Nacional, se adhirió a todos los pactos y declaraciones internacionales, por lo que ahora se constituyen como una norma constitucional.

“Si para ponerle freno al delito y la inseguridad escalofriante que vive la sociedad argentina vamos a pasar todos los límites que fija el derecho a la persona humana y la Constitución, quiere decir que realmente somos muy incapaces de controlar este flagelo que nos aqueja”, dijo el letrado. 

Agregó que si se quisiera introducir una reforma de este tipo, no basta con ganar una elección, sino habría que llamar a Convención Constituyente y modificar la Carta Magna, “mientras no se la reforme hay que cumplirla”, disparó. 

Carranza reconoció que efectivamente se deben revisar algunos artículos, pero que no es el contexto para introducir una reforma. “Por ejemplo el 18 en la parte que dice que el domicilio es inviolable,  la correspondencia epistolar y los papeles privados, que no contemplan las redes la telemática y el internet”, cerró.