Reforma
Cuando en la primera semana de julio pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación ingresó el pedido de sesión especial para tratar la modificación de la ley de alquileres, otro era el escenario político. Solo la presión de uno de los problemas más urgentes se sostiene de manera creciente.
La Ley de Alquileres vigente se sancionó en junio de 2020; establece un plazo mínimo de contrato de 3 años y ajustes anuales mediante un índice que combina inflación y salarios, además de otros puntos vinculados a la garantía y el depósito. A la fecha se acumularon inconvenientes a extremos que, como consecuencia de múltiples factores, miles de familias están al borde de tener a la situación de calle como única alternativa por la imposibilidad de alquilar una vivienda.
Cuando el problema comenzó a insinuarse, todos los sectores regulados por la norma comenzaron a demandar modificaciones en sentidos no coincidentes. En lo que va del año parlamentario hubo avances que han permitido que la reforma pueda llegar al recinto con dos dictámenes pero muchas posiciones que se manifestarán en el debate de la sesión especial requerida por la oposición. El oficialismo no contribuirá al quorum y que se lleve adelante será tarea de los legisladores que la requirieron.
A un poco más de una semana de las primarias, no hay cambios respecto de la intención de encarar el tratamiento de una reforma. Los resultados no fueron los estimados y la tensión entre los dos principales bloques que integran la Cámara baja nacional, que en la última sesión actuaban como los principales protagonistas de los comicios, puede seguir incidiendo. Pero más lo está haciendo el reclamo popular que ha mostrado que la tolerancia se agotó.
La situación que regula la Ley 27.551 de alquileres, es compleja. Por este tiempo, en muchos centros urbanos no hay ofertas de unidades habitacionales en alquiler o tienen precios inaccesibles; además, han surgido opciones que pueden servir a algunos propietarios como los alquileres temporarios pero no es una práctica que puede generalizarse. La cuestión tiene aristas sociales, económicas y hasta políticas, pues la vivienda es un bien que roza derechos esenciales y recae en el Estado la responsabilidad de asegurar el acceso a la misma pero también de asegurar el respeto a la propiedad privada.
En Salta, los especialistas no recomiendan ventas de inmuebles por la caída de precios que se registra, agravada por la devaluación dispuesta la semana pasada, pero también reconocen la incertidumbre de cerrar acuerdos de alquiler a precios que la inflación distorsionará y en un año serán impagables. No conviene la venta, es difícil alquilar pero es desaconsejable mantener una casa vacía porque se deteriora o queda expuesta a ocupaciones ilegales. Eso es lo que tiene que solucionar la reforma que se reclama.
Las posiciones oscilan entre la propuesta del Frente de Todos de hacer algunas reformas de carácter impositivo para alentar los alquileres y las que sostienen los opositores, que van hasta la derogación para que los acuerdos sean entre partes, sin intervención del Estado. En esta última opinión milita el diputado Javier Milei, que es uno de los que firmaron el pedido de sesión especial.
El debate no estará ajeno a la elección que viene, en la que la ciudadanía resolverá cómo se integrarán la mayoría y las minorías en el Congreso y el Ejecutivo, con mandato por los próximos cuatro años. Un tema de indiscutible importancia social, con fuertes condicionamientos económicos, será puesto bajo la perspectiva electoral.
Será como un inicio de campaña, si hay quorum.
Salta, 22 de agosto de 2023
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