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La medida alcanzó al por entonces encargado del Centro de Documentación Rápida de la localidad de Burruyacu, Tucumán, y a otras siete personas acusadas de ser parte de la maniobra.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó el procesamiento del exencargado del Centro de Documentación Rápida de la localidad de Burruyacu por ser parte de una maniobra donde se falsificaron los domicilios de 232 personas con el objetivo de alterar el padrón electoral. En la causa intervino el titular de la Fiscalía General ante ese tribunal, Antonio Gustavo Gómez.
Los jueces Mario Leal y Ricardo Sanjuan y la jueza Marina Cossio anularon la falta de mérito que se le había dictado en primera instancia y lo consideraron como presunto autor del delito de “insertar información falsa en un documento público, que está previsto y penado por el artículo 293 del Código Penal". Además, revirtieron los sobreseimientos y procesaron a otras siete personas, a quienes señalaron como partícipes de ese delito, tal como lo había requerido el MPF.
Por otra parte, confirmaron la resolución en cuanto al sobreseimiento de las 232 personas cuyos domicilios fueron cambiados y ordenaron que se profundice la investigación de la maniobra.
El hecho ocurrió el 28 de abril de 2015, el juez de Paz y encargado del Registro Civil de Burrayacu presentó en la Secretaría Electoral de Tucumán una solicitud para que se tramitaran los cambios de domicilios de 232 ciudadanos para que fueran incluidos en Padrón Electoral Nacional en el circuito 184 de su jurisdicción. Ante esto, la Secretaría ordenó realizar una constatación de residencia, donde no se ubicó a ninguno de los ciudadanos. Se explicó también que la dirección que figuraba en todos los documentos (Pasaje Olijelas Rivas s/n) tiene una extensión de una cuadra y media y que los habitantes del lugar aseguraron que desconocían a las personas que solicitaron el cambio de domicilio.

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