
La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.


A poco menos de 60 días que termine el año y mucho menos para que cierre el período ordinario de sesiones del Congreso, se ha dejado trascender que no habrá convocatoria a extraordinarias. El presupuesto para 2023 tiene asegurada su aprobación y el Ejecutivo está demandando otros proyectos, entre los que no figura la eliminación de las PASO.
Opinión04/11/2022
Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, desde los propósitos que motivaron su habilitación, son un mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, en su aplicación no alcanzaron a perfeccionar el sistema democrático a casi 40 años de su restauración; la ciudadanía sigue alejándose de la política y dejando que sea una tarea de un grupo que se ha enquistado.
La mera anulación o la suspensión de las PASO no puede ser un fin en sí mismo. Así se planteó en esta provincia y con elecciones convocadas para dentro de un poco más de seis meses no hay un panorama claro ni un debate en marcha en torno de una propuesta de gobierno. No se han identificado siquiera áreas, temáticas o problemas sobre los cuales cada espacio político debiera formular un plan. Tampoco se ha determinado el mecanismo que reemplace a las primarias en la definición de las candidaturas.
Otras provincias que abandonaron las PASO, como San Juan o San Luis, optaron por una modalidad que ha demostrado su nocividad, como es la llamada ley de lemas. Volver a las internas partidarias no es tampoco una mejora, indican los especialistas y ese es el camino por el que optó Salta al momento de tomar la decisión de no usar las primarias para definir los candidatos.
El problema se ha trasladado a las elecciones nacionales, que deben realizarse en el segundo domingo de agosto las primarias y el último domingo de octubre, las generales. Se repiten los mismos argumentos que utilizó el oficialismo provincial para impulsar la iniciativa que se impuso merced a su aplastante mayoría en ambas cámaras: el costo o el cansancio cívico de ir cuatro veces a las urnas en cada renovación de autoridades.
Que las cúpulas partidarias definan las listas de candidatos y no sometan a sus espacios a la opinión ciudadana no es lo más saludable para una democracia que no alcanzó mayor cuerpo político, más allá que no se discute que es la única y probada mejor opción para vivir en comunidad. A lo sumo, esas cúpulas acumulan un poder de dudosa legitimidad.
No se trata de forzar un debate para distraer la atención de una población acorralada por problemas de existencia real. Al cierre del mes pasado, un diputado oficialista de Río Negro presentó el proyecto de derogación de las PASO. Ese paso, precedido por comentarios en torno a que se trataría de un anhelo de gobernadores e intendentes justicialistas detrás de los cuales se parapetó el Ministro del Interior, obligó incluso al propio Presidente de la Nación ha destacar que las primarias son un gran instrumento que le permitió a la sociedad meterse en los partidos políticos.
Una mirada avezada se posó sobre la situación. Es la del justicialista salteño Pablo Kosiner quien apunto a la falta de consenso fundamental para debatir una ley electoral; a su juicio, no puede surgir de “la imposición de una mayoría sobre otra y menos en el contexto de confrontación que vive la Argentina”. Demandó que haya un acuerdo importante de las principales fuerzas políticas para avanzar en una iniciativa de esa naturaleza.
Esta puja se da fuera de la atención ciudadana, puesta en cuestiones urgentes como la inflación, la inseguridad, el costo de servicios públicos y la incertidumbre por la evolución de la economía. Pero la tensión profundiza los problemas y deja la sensación que quienes tienen responsabilidades de gobierno solo están ocupados en su entretenimiento preferido.
Ojalá sea solo una apariencia y todas las cosas estén en su lugar.
Salta, 04 de noviembre de 2022

La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.

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