Hace 12 años se presentó la denuncia por una maniobra presuntamente fraudulenta que permitió desafectar 90 hectáreas que el estado tenía previstas para familias sin hogar y que, tras un pasamano, terminó en poder de la familia Romero.
Salta 04/10/2022
4.380 días después de que el dirigente de Barrios de Pie, Carlos Morello, denunciara penalmente al exgobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, por apropiarse de 90 hectáreas en finca La Ciénaga que estaban destinadas al Programa Familia Propietaria, y a cuatro años de que el Tribunal de Impugnación dispusiera el archivo de la causa, finalmente se retomó la investigación.
El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, había adelantado que pediría el “desarchivo” porque la determinación que tomaron los jueces fue “atípa e inusual” y porque la causa que afectó severamente al estado permanecía en un estado de “irresolución”.
Después de dos largos meses de revisión, finalmente la causa está en manos de la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorissio, que deberá retomar la investigación e indagar sobre la comisión del delito de peculado por parte del senador nacional, Juan Carlos Romero y parte de su familia.
La denuncia presentada hace 12 años fue por la venta irregular de 90 hectáreas de la finca que la provincia adquirió el 5 de junio de 1998 a través del decreto 1297, como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese decreto se establece que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación fue avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, y se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.
En 2004, con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos aunque la gestión Romero decidió ese año transferir el predio mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004 a José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos. Es decir, una séptima parte de su valor de mercado. La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y cercana al entonces ministro de Gobierno, Brizuela.
Apenas cuatro meses después de esa operatoria, Agustoni volvió a vender La Ciénaga. Fue el 4 de junio y la compradora fue María Cecilia Pérez de la Fuente. Por los terrenos pagó apenas 100 mil pesos. En la operación volvió a participar la escribana Wayar, aunque en esta oportunidad como particular.
Después de casi cinco años sin que se registren movimientos en La Ciénaga, el 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A, una de las empresas más importantes de la familia Romero que estaba a cargo del hijo -hoy diputado provincial- Juan Esteban y su domicilio es el mismo que Horizontes S.A., la editora de El Tribuno.
Por aquella operación pagó apenas 100 mil pesos y el escribano que avaló la escritura fue, otra vez, Víctor Manuel Brizuela.
A partir de la denuncia que hoy cumple 12 años, la ex agente Fiscal penal 2, María Inés Loyola, promovió acción penal, por lo que se abrió una causa en el ex juzgado de instrucción formal 4, a cargo del ex juez formal, Germán Antonio Pastrana. En su acusación, detalló que “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa “Estancia El Carmen”, cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero”. Y tras un serio análisis contable, aseguró que Romero simuló “una cadena de adquirentes”, lo que permitiría “establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.
Sin embargo, en 2018 el Tribunal de Impugnación declaró la nulidad de todo lo actuado en la causa, lo que generó una situación jurídica “atípica e inusual”, señaló el Procurador, dado que ese fallo, al determinar la nulidad del requerimiento de instrucción invocando presuntas contradicciones y falta de precisiones, llegó a determinar también la nulidad del avocamiento del juez que había trabajado en esa causa.
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