Corrección

Opinion 10 de mayo de 2022
A pocos días de haber sido anfitrión del ministro de Economía de la Nación, el gobernador Gustavo Sáenz dejó en manos de los diputados nacionales por Salta la tarea de lograr la adopción de medidas demandadas al funcionario.
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El eje de los reclamos es la prestación del servicio de transporte, sometida por estas horas a la presión de un reclamo salarial y al riesgo de la falta de combustible.

Casi en simultáneo con la postergación de un paro por 72 horas dispuesto por el gremio de los choferes, el mandatario invitó a dialogar a los legisladores de distintas corrientes políticas a fin de imponerlos de una serie de problemas que generan políticas nacionales. En realidad, aportó precisiones a una cuestión conocida porque se viene arrastrando desde bastante tiempo atrás.

A Sáenz pareciera que se le agotó la capacidad de gestión o la tolerancia ante la postergación a la que se somete especialmente a las provincias del llamado Norte Grande. Salta no es la excepción y públicamente, luego de haber requerido lo mismo en una reunión el viernes pasado en esta Capital, le reclamó al ministro más cuestionado del gabinete nacional que corrija el trato discrecional que complica la gestión de un servicio público esencial para los sectores populares.

La distribución inequitativa de los subsidios al transporte fue la preocupación que emergió tras el rechazo del presupuesto para 2022 por parte del Congreso. Las provincias venían reclamando por una suba en los giros del Fondo Compensador, porque la suba de costos de las empresas prestadoras torna insostenible un precio moderado del boleto y obliga a los gobiernos provincial o municipales a elevar los aportes financieros al sistema. Para lograr que los diputados del interior aprueben el presupuesto es que se había dispuesto en el proyecto tratado en diciembre pasado un aumento del 70% en la asignación al área extra metropolitana; de los $27.000 millones originales saltaron a $46.000 millones. Pero, pese al compromiso asumido, no se giran en los montos acordados y según las autoridades de SAETA no hay previsibilidad.

Para comprender la preocupación del Ejecutivo, debe tenerse en cuenta los datos dados a conocer por SAETA respecto del costo del servicio. En declaraciones periodísticas informó que mensualmente, el servicio metropolitano salteño demanda casi 900 millones de pesos, que en un tercio se cubre con la recaudación a través del boleto. El subsidio nacional es apenas de 120 millones por lo que el esfuerzo de las arcas provinciales se está tornando excesivo y es muy difícil ampliar la participación del usuario en su sostenimiento por la vía de otro incremento de tarifa.

Otro problema es que no hay accesibilidad al mercado financiero para que las empresas puedan renovar su flota que, en la mayoría de los casos, está al borde de la antigüedad permitida. El propio Gobernador, ante una audiencia de unos 400 empresarios y productores, le pidió a Martín Guzmán líneas blandas de créditos. Ese pedido lo trasladó a los diputados con los que se reunió, para que consigan ese apoyo para el sector del transporte de pasajeros.

En este complejo panorama hay poco espacio para considerar viable que se aplique un incremento salarial como el que cerró para el AMBA. No sin mayor asistencia del Tesoro Nacional, porque no se puede discutir que a igual trabajo corresponde igual remuneración. 

De este atolladero se sale por arriba y produciendo, dice el ministro de Economía. Pero es voluntarismo si no se corrigen las políticas macroeconómicas y esa es la tarea encomendada a los diputados salteños del oficialismo y la oposición. 

Salta, 10 de mayo de 2022

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