La violación del principio de igualdad del voto en Salta, se hace muy patente en la composición y funcionamiento de la Convención Constituyente. Ello en tanto la elección de convencionales se realizó en forma idéntica a la de los diputados.
Opinión05/11/2021 Sonia Margarita Escudero
Esta semana se avanzó en comisiones escuchando la voz de expertos y un tema que está esperando una decisión de la Corte surge con claridad en los debates. Es la cuestión de nuestro sistema electoral que asigna una excesiva representación a territorios con escasa población, a costa de la sub-representación de los grandes centros urbanos.
Una muestra de esta distorsión del sistema que asigna una mayoría de bancas no equivalente a los votos obtenidos, es lo que sucede en el ámbito de la Convención: la decisión de la mayoría de auto-asignarse la presidencia de todas las comisiones, la negativa a transmitir las reuniones de comisiones en forma directa en las redes sociales, la pretensión de amordazar el debate y condicionar a los expositores, nos muestran una mala calidad democrática.
Decía Ortega y Gasset que “la salud de las democracias, cualesquiera sean su tipo y grado, depende de un mero detalle técnico: el procedimiento electoral”[1].
Luis Caro Figueroa califica a nuestro sistema electoral como inequitativo y marcadamente distorsivo de la voluntad popular al asegurar a la primera minoría el control del 70% de las bancas con solo un poco más del 40% de los votos[2]. Esto es consecuencia de la elección por departamentos como circunscripción electoral.
Las circunscripciones o distritos electorales, en nuestro caso los departamentos, son una suerte de división del territorio, pero en realidad lo que dividen no es el territorio, sino el electorado. De ese modo el sistema electoral le otorga a unos habitantes un sufragio más poderoso que a otros, simplemente concediéndoles más bancas para elegir[3]. Es así como el poder conservador se asegura su perpetuidad.
Este sistema no ha generado un mayor progreso en el interior provincial, todo lo contrario, la migración del campo a los grandes centros urbanos es incesante.
La convocatoria a la reforma parcial de la Constitución propone revisar el Poder Legislativo, pero con una mirada muy pequeña y engañosa, como si la limitación de reelecciones de los legisladores pudiera traducirse en una mejora de la representación.
De los tres poderes del Estado salteño, sin dudas el legislativo es el más débil y precisa una reforma, que no es la propuesta por el gobierno. La primera discusión que debe darse es si la bicameralidad es útil. Si en ambas Cámaras la base de representación está en los departamentos, si la forma de elección, duración de mandatos y poderes es idéntica, nos sobra una Cámara. En Salta la bicameralidad se traduce en lentitud en la tramitación de iniciativas legislativas. Recordemos las idas y vueltas recientes con la ley de Ficha Limpia.
La debilidad del Poder Legislativo acarrea la debilidad de la calidad democrática. Si las Cámaras no son expresión del pluralismo existente en la sociedad, debemos encarar una reforma que permita una más fiel representación de las minorías. El sistema electoral debería impedir que el ganador de las elecciones se lleve todo. Debería cuidar que los derechos de la mayoría sean razonablemente limitados para permitir la combinación del poder del número y el respeto al trabajo de la oposición[4].
Un voto es la voz que se nos permite expresar en una determinada decisión colectiva. En nuestro sistema electoral, unos tienen más voz que otros, es casi como si se hubieran cargado las urnas. Este resultado distorsivo se refleja en la composición de la Convención Constituyente. La mirada, entonces debiera estar en una modificación del sistema electoral que refleje más adecuadamente la pluralidad de nuestra sociedad, para que la Legislatura vuelva a ser un lugar de tensiones y discusiones, de negociaciones, acuerdos y consensos.
Mejorada la representación de modo de mantener un equilibrio entre representatividad y gobernabilidad, debiéramos también explorar la incorporación de sistemas de evaluación del impacto de las leyes, no solo de su efectiva implementación, sino la medición de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las regulaciones teniendo en miras que lo que la Provincia necesita no es solamente dinamizar la actividad económica, simplificando procesos y reduciendo cargas administrativas[5], sino también evaluando si esas regulaciones están verdaderamente impactando positivamente en la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía.
Repensar el Poder Legislativo en clave de calidad democrática. Ese es el desafío.
[1] Ortega y Gasset, José: La Rebelión de las Masas, citado por Luis Caro Figueroa en ob. Cit., pág. 212.
[2] Caro Figueroa, Luis: Elementos para una reforma política en la Provincia de Salta, 2018, Ed. Iruya.com
[3] Urdanoz Ganuza, Joge: Una teoría del sufragio igual. 2021, CEPC, Madrid.
[4] Caro Figueroa, Luis, ob. Cit. Pag. 201-206.
[5] Caro Figueroa, Luis, ob. Cit. Menciona modelos de medición que utiliza la Unión Europea y la OCDE.
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