Delitos sexuales en la Iglesia

El informe muestra un fenómeno masivo en el que el 80% de las víctimas son niños de entre 10 y 13 años. Se perfilan estos hechos como una especie de destrucción sistemática y masiva de la vida, del futuro de esos niños abusados. También se identifica como perpetradores de delitos sexuales contra niños a laicos que trabajaban en ámbitos religiosos. Un escándalo a nivel mundial. 

Este tipo de investigaciones avanzan desde hace unos años en el mundo desarrollado y en todas la conclusión es aterradora: que esos hechos no son solo cosa del pasado, sino que las violencias sexuales en la Iglesia no han sido erradicadas. 

La conmoción que provocan estos hechos, así como la repetición en el tiempo resulta abrumadora. En nuestro país, los casos no son investigados, y, en los pocos casos que se animan a denunciar, en general lo que encuentran las víctimas es la protección a los abusadores. 

Es por eso que causa tanta indignación nuestra propia justicia en casos como el reciente fallo de la Corte de Salta donde declara prescriptos los delitos por los que el sacerdote Lamas fue imputado:

- Tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por sacerdote en perjuicio de un niño.

-Promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda en perjuicio de una menor.

Nuestra Corte de Justicia en un controvertido fallo, ha decidido que el ex sacerdote no sea llevado a juicio y por lo tanto no habrá condena. Ello a pesar que en la investigación eclesiástica fue encontrado responsable, por lo tanto existen pruebas suficientes de que se trata del autor de esos delitos. 

Para evitar someterlo a juicio, la Corte aplica la doctrina de la irretroactividad de la ley penal. Esto significa que nadie puede ser penado por un hecho que no era delito o no era perseguible al tiempo de su comisión. No es este el caso por cuanto los delitos estaban perfectamente tipificados por el Código Penal al tiempo de las violaciones.  

 El fundamento de la prescripción de la acción penal, es decir, la extinción de la potestad represiva del Estado opera cuando, por el transcurso del tiempo, han desaparecido los rastros y los efectos del delito. No es este el caso. Los rastros y los efectos de los delitos contra la integridad sexual en niños, los acompañan durante toda la vida. Numerosos testimonios de víctimas e informes médicos dan cuenta de los traumas que arrastran por el resto de sus vidas, problemas sicológicos y de comportamiento sexual, huída hacia las drogas y hasta suicidios. 

El tiempo no hizo cesar el daño social. Son delitos que no se denuncian al tiempo de su comisión por cuanto las víctimas son niños a quienes les roban la inocencia, quienes han confiado en sus victimarios, no comprenden lo que sucede y tienen temor a relatarlo. Carecen a esa edad de capacidad para dimensionar el daño que les infligen.

 El fallo de la Corte de Salta otorgando protección judicial a ciertos  sacerdotes que cometen estos delitos aberrantes, envía un mensaje social muy negativo en el sentido que el Poder Judicial tolera este tipo de conductas. Lo que favorece la perpetuación de su comisión.

 Nuevamente la Corte de Salta nos muestra que es un tribunal que favorece a los poderosos y abandona a las víctimas. No habrá víctimas que se atrevan a denunciar, y las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes continuarán porque los perpetradores saben que el superior tribunal de Salta encontrará argumentos para protegerlos.

 Conocido el informe de la Comisión francesa, el Papa Francisco ha reconocido la valentía de las víctimas al denunciar y ha pedido a Dios que con la justicia llegue el milagro de la curación. Una respuesta no satisfactoria. Lo que debiera prometer es la erradicación de este tipo de abusos en el seno de la Iglesia. 

Lo que podemos decirle al Papa es que en Salta las víctimas no encuentran justicia y por lo tanto estarán muy lejos de la curación. Mientras la Iglesia siga protegiendo a los pederastas, seguirá destruyendo la fe.