El análisis de iniciativas vinculadas a un plan nacional de promoción de la producción del gas natural argentino y a la expropiación de un inmueble en el departamento Cerrillos para la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales agitó el fantasma de la corrupción. El turbio proceso de un fondo de inversiones reclamó que se escriba el último capítulo describiendo las responsabilidades que le cabe a cada protagonista.

El Fondo de Reparación Histórica del Norte de la Provincia de Salta se creó en noviembre de 2011 por ley provincial 7691. El objetivo de su constitución fue generar financiamiento para realizar obras de infraestructura, como redes de agua, cloacas, gas, electrificación, pavimentación, hospitales y escuelas, en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, situados al norte de la provincia. Son departamentos que se desarrollaron al amparo de la explotación de hidrocarburos pero que al momento de disponer la medida, tenían indicadores sociales que denotaban niveles de marginalidad importantes.

El plan de obras previsto debía ser ejecutado durante el período 2012-2015, financiado con los recursos provenientes de Títulos de Deuda. La ley autorizó al Poder Ejecutivo a emitirlos y colocarlos en oferta pública, en el mercado local e internacional, por un monto total de hasta 220 millones de dólares. Estaban garantizados con los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas.  La hora de su colocación, se lograron 185 millones de la moneda estadounidense. Una Comisión Bicameral de seguimiento, integrada por tres Senadores y tres (3) Diputados, quedó con la tarea de verificar la ejecución de las obras autorizadas.

El Consejo Federal de Inversiones realizó un estudio a poco de ponerse en marcha la iniciativa con el propósito de acompañar el proceso de implementación inicial del Fondo, con miras a maximizar los beneficios sociales de las inversiones realizadas y determinar la replicabilidad de esta experiencia, a nivel nacional y en otras jurisdicciones provinciales. En ese punto se obtuvieron evaluaciones muy positivas, así como algunas recomendaciones de mejora y algunos cuestionamientos en torno al mismo. La aprobación tuvo que ver con la importancia de una política de inversión de fondos en obra pública en 14 municipios desde donde se extraían aún a ese momento recursos no renovables y con la selección de obras, que se interpretaba como resultado de un proceso altamente participativo. 

Otro elemento que el Consejo Federal de Inversiones destacó como importante fue el sistema de información constante a la ciudadanía acerca de los avances del Fondo, mediante una página web.  El paso del tiempo iba a demostrar su escasa efectividad ya que lo que se suponía daba transparencia a la inversión de ingentes recursos era una manera de distraer la atención porque fuera del territorio de realización permitió que se tomara como cierta información falsa, como dar por realizadas obras que ni se habían iniciado. Un año después de vencido el plazo de ejecución del plan de obras, el gobierno de Juan Manuel Urtubey, que creó el Fondo, reconoció que no quedaba un peso y más de medio centenar de las obras previstas no habían concluido y muchas ni se habían iniciado. Más deuda fue la salida sin que se cumpla el propósito de la reparación histórica.

El debate del martes demostró que nadie se hará cargo de ese proceso, oscuro en el mejor de los casos. 

Salta, 06 de octubre de 2021