Los juicios por las protestas del 11J polarizan Cuba

Dos semanas después de las mayores protestas contra el Gobierno desde el triunfo de la revolución de Fidel Castro, los juicios contra los detenidos en las manifestaciones del 11 y el 12 de julio siguen marcando la agenda y pulsando un debate social cada vez más polarizado.

Las máximas autoridades de la justicia y la fiscalía comparecieron el fin de semana para negar que se estuvieran llevando a cabo procesos sumarísimos sin garantías de defensa, como han denunciado varios familiares de los arrestados. El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, aseguró que hasta el sábado se habían celebrado 19 juicios que involucraron a 59 manifestantes, la mayoría acusados de delitos de desorden público, incitación a delinquir y desacato, penados con sanciones de hasta un año de cárcel y juzgados en tribunales municipales. Todavía las autoridades no han dado una cifra oficial del total de detenidos -diversas fuentes aseguran que puede superar el medio millar-, y tampoco se ha informado del número de personas que ya han sido liberadas, con o sin cargos, por lo que es muy difícil saber cuántos serán llevados finalmente ante los jueces por las protestas.

“En estos momentos transcurren los juicios apegados a lo establecido por la ley, incluyendo el derecho a la defensa, a nombrar abogados, algo que también se ha estado diciendo que no les permiten a los acusados”, aseguró Ferro, si bien señaló que en este tipo de “procedimientos abreviados” -rechazó llamarlos juicios sumarios- la ley cubana establece “que el sujeto decide si nombra o no a un abogado para que lo defienda en el juicio, o él se ocupa de defenderse”. “Un número de los acusados de estos presuntos delitos ha decidido nombrar abogados y lo ha tenido, otros no lo han decidido. Se les ha dado todas las oportunidades”, afirmó.

He aquí uno de los puntos calientes en este instante. Son varias las personas que han denunciado en las redes sociales que sus familiares fueron juzgados tan rápidamente que no les dio tiempo a nombrar abogado, ni tampoco pudieron asistir al juicio, como el caso de la familia del joven camarógrafo Anyelo Troya, uno de los participantes en el videoclip Patria y Vida. Algunas madres han expresado también que durante días no supieron nada de sus hijos, pues la policía nunca les informó de que habían sido detenidos. La Fiscal General, Yamila Peña, admitió que se han presentado 90 reclamaciones por diversos hechos sucedidos a personas detenidas en las protestas, que se están investigando.

Otro asunto que ha generado gran debate y posiciones encontradas es el de la legitimidad de aplicar duras sanciones a personas que simplemente participaron en las manifestaciones pero no en hechos violentos, ni en saqueos, ni en enfrentamientos con la policía. Cada vez más artistas y figuras públicas, incluidas algunas cercanas al gobierno, piden magnanimidad y liberar a todos aquellos que no hayan participado en disturbios.

El País