Recordamos a las víctimas de la dictadura militar, a las víctimas del nefasto Plan Cóndor, y lo hacemos con un triple objetivo: 1) Reflexionar y analizar críticamente la historia reciente; 2) Comprender las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de los procesos de interrupción democrática; y 3) Comprometernos activamente en la defensa de los derechos y garantías humanos, y en la vigencia y ampliación del régimen político democrático.
Durante la última dictadura militar se ejecutó un plan estructurado conocido como Operación Cóndor o Plan Cóndor, un sistema formal de coordinación represiva para perseguir y eliminar militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay en colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana. Un plan así sólo era posible en el marco de la Guerra Fría y el fervor anticomunista de los regímenes militares de América Latina.
Según los “archivos del terror” descubiertos en Paraguay, la Operación Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos.
Se sostiene que el entrenamiento de militares latinoamericanos en las técnicas de torturas, asesinatos, secuestros y otros graves crímenes contra la humanidad, se realizaron en la Escuela de las Américas con sede en Panamá, institución creada en 1946 por el gobierno de Estados Unidos[1]. Entre los 60.000 estudiantes que pasaron por sus aulas se cuentan los argentinos Leopoldo Galtieri y Roberto Viola, el boliviano Hugo Bánzer Suárez, el panameño Manuel Noriega y muchísimos otros identificados como autores de graves masacres en países de América Latina, como el asesinato del arzobispo Romero en El Salvador[2].
La recuperación democrática en América Latina, los juicios contra los dictadores, la divulgación de las atrocidades cometidas, generaron consenso para la aprobación de instrumentos internacionales orientados a prevenir y sancionar estos hechos. Así, en 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; en 1994 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y en 2006 la Convención Internacional para la Protección contra Desapariciones de Personas.
Recuerdo que una de las primeras medidas de la dictadura instalada en el poder, fue colocar a las fuerzas policiales y de seguridad bajo el mando de las fuerzas armadas. Este podría considerarse el inicio del entrenamiento de miembros de fuerzas de seguridad en las técnicas represivas aprendidas en la Escuela de las Américas. Lamentablemente, la recuperación democrática no ha sido suficiente, por sí misma, para erradicar las técnicas de tortura de nuestras fuerzas de seguridad, las que siguen siendo utilizadas.
El uso sistemático de la tortura por parte de la Brigada de Investigaciones de Salta fue observado durante la investigación del doble femicidio de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi en julio de 2011. Tanto durante la instrucción como en el debate del juicio oral, imputados y testigos ratificaron haber sido víctimas de torturas por parte de algunos oficiales de la Brigada. En el expediente donde tramitan esas denuncias se individualizó y procesó a once policías. Las denuncias coincidentes fueron formuladas por Gustavo Lasi, Daniel Octavio Eduardo Vilte Laxi, Nelson Ricardo Vilte Laxi, Omar “Pajarito” Ramos y Francisco Ariel Tejeda. El médico constató también signos de tortura en el cuerpo de Santos Clemente Vera. Las denuncias describen una metodología común: los encapucharon, los llevaron a una habitación donde los picanearon, les pusieron una bolsa en la cabeza para generar asfixia, tortura conocida como el “submarino seco”, les dieron golpes de puño y patadas, los amenazaron con matar a sus seres más queridos si no se hacían cargo de los asesinatos.
El juez Abel Fleming describe que la colocación de una bolsa plástica en la cabeza de una persona, de modo de impedirle la entrada de aire por las vías aéreas superiores es una de las prácticas de la más refinada y cruel de las torturas. Conocida como el “submarino seco”, sólo se parangona con su similar el submarino que consiste en la inmersión de la cabeza en un cubo con agua. Sólo quien impone la tortura sabe cuándo va a cesar en la maniobra, y lo será antes de que se provoque la asfixia o el ahogo. Pero la perspectiva, desde la apreciación de la víctima, es la de la concreta sensación de muerte. En su instinto de supervivencia desesperadamente tratará de insuflar aire. Sin lesiones visibles y constatables clínicamente, esta tortuosa práctica provocará un sufrimiento psíquico y físico descomunal[3].
A pesar de la gravedad de las denuncias, de la constatación realizada por el médico de la policía, de la individualización de los torturadores, el juez de instrucción calificó los hechos como “apremios ilegales”, un delito obviamente menor que el cometido que nuestro Código Penal tipifica como “torturas”. Han transcurrido diez años de los hechos, pero no se conoce si hubo condena, si los autores fueron excluidos de la fuerza policial. Ello a pesar de tratarse de una causa de altísimo interés público.
¿Es esta la administración de justicia que el gobernador Sáenz quiere perpetuar? ¿No es necesario repensar la administración de justicia en clave de calidad democrática? ¿Seguiremos con el oscurantismo decimonónico? O avanzaremos hacia instituciones más transparentes, más democráticas, hacia un Poder Judicial que rinda cuentas a la sociedad.
En esta semana de reflexión invito a la audiencia a estar alerta porque a pesar de la recuperación democrática, la ideología autoritaria ha permeado nuestras instituciones policiales y judiciales y me lleva a concluir que “el Cóndor sigue volando”. Debemos actuar con decisión inquebrantable para que los resabios del nefasto Plan Cóndor que han permeado y persisten en nuestras instituciones, sean erradicados definitivamente. Este no es un tema menor.
