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Opinion 13 de enero de 2021
Finalmente quedaron sin efecto todas las restricciones a la exportación del maíz. La medida se adoptó luego que en distintas zonas del país se paralizaran las ventas de granos, como medida de protesta y se efectuaran concentraciones a la vera de caminos por donde se traslada la producción para denunciar los perjuicios a un sector que genera uno de los bienes más demandados: las divisas.
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Más allá del mensaje mediático que cargó las tintas sobre la efectividad de la protesta, medida en la presencia de carga en los puertos cerealeros del país o expresada en la preocupación manifiesta del el propio gobierno que dispuso la suspensión de la venta de maíz al exterior a fin de asegurar su provisión al mercado interno, vale considerar los resultados de gestiones para levantar la disposición. El rechazo no sólo fue de los productores, sorprendidos en plena liquidación de la última cosecha, sino de especialistas que destacaron la incongruencia de la suspensión cuando hay una fuerte demanda de divisas para sostener reservas y preservar el equilibrio del sistema financiero y cambiario del país.

Despejar los obstáculos que la medida generó en una relación que no es lo suficientemente fluida entre el gobierno del kirchnerista Frente de Todos y los ruralistas, especialmente los nucleados en la icónica Mesa de Enlace, tomó dos etapas. En la primera, dada a conocer el lunes al inicio del paro agropecuario de 72 horas, se levantó la suspensión y se instaló un cupo de exportaciones diarias hasta febrero y la segunda, un día después, que eliminó esa restricción dejando expedito el camino para abastecer a los dos mercados.

Para quienes no están familiarizados con estas operaciones sirve explicar que la intención del gobierno nacional apuntó a desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, sin afectar el desarrollo del sector granario y de  las exportaciones. En ese proceso sobrevoló la ponderación del impacto en los productos y la inflación. 

En la Provincia se miraba con preocupación la situación. Desde Prograno, la entidad que nuclea a los productores de esa especialidad, se destacó el doble impacto negativo. Por un lado, era una abierta intromisión del gobierno en un ámbito en el que el sostenimiento de mercados exige el apego a reglas de juego claras y perdurables; por otro, se debe seguir produciendo maíz porque ese grano participa de la preservación del suelo con la necesaria rotación con otra producción importante, como es el de la soja. 

Desde esta zona del país se observa que no hay una política clara que tome a la producción agropecuaria en su integridad. Las medidas que se van tomando son parches, reconoció la Cámara de la Producción a través de su titular, porque se han liberalizado más de 4 mil posiciones arancelarias que benefician a producciones locales, como las de arándanos, legumbres, huevos, pimentón o caprinos pero otras, como el tabaco grabada con el 12% de retenciones, generan un complicado panorama al campo salteño.

Suspender el ingreso de divisas interrumpiendo exportaciones fue explicado desde la inminencia de un proceso electoral en trámite. Pero es una estrategia que no dejará vencedores, que debe ser advertida como un error y no debe repetirse.

Salta, 13 de enero de 2021

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