La notificación de citación se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. Deberá designar abogado defensor particular u oficial.

En el decreto de imputación ya notificado al futuro imputado, constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el futuro imputado, en su condición de socio gerente de una empresa habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el futuro imputado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

Como se sabe, la investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma. Entre otras medidas adoptadas, la fiscalía requirió Informe al Centro de Hemoterapia Regional y a distintos sanatorios privados; se solicitó al Ministerio de Salud Pública la copia de convenio celebrado con la empresa privada y las copias de actuaciones labradas a raíz de las noticias extraídas de los sitios web; se solicitó a la Dirección de Personería jurídica copia del expediente de la empresa en cuestión, constitución y sus posteriores modificaciones y se pidió Informe al Instituto Provincial de Seguros de Salta.

También se verificó que la persona en cuestión, se desempeñó como director del Centro de Hemoterapia Regional. Su renuncia al cargo de Profesional Asistente, Agrupamiento, Profesional Subgrupo 1 dependiente del Centro Regional de Hemoterapia, fue aceptada el 15 de febrero de 2020 y el 1 de agosto pasado, fue designada otra profesional en el cargo de Directora, formalmente, aunque estuvo desempeñándose en el cargo del despacho de Dirección, desde el 6 de enero de este año.

Mediante diferentes declaraciones testimoniales, se pudo esclarecer que el proceso de extracción de plasma y el análisis del producto extraído está a cargo del Centro de Hemoterapia; que la trasfusión está a cargo de empresas públicas o privadas con categoría de servicio de Transfusión hospitalaria y que el procedimiento tiene un costo valuado en UCP que en la actualidad es de $ 27,30 aproximadamente.

Y que si bien se hizo el estudio de costo, nunca se terminó de aprobar por resolución ministerial, por lo que siempre se entregó dicho Plasma de Convaleciente Covid-19, sin ningún costo, sumado a que es un tratamiento experimental. Además, se informó que al costo de la práctica médica que corresponde a la trasfusión, lo regulan las obras sociales.

Se supo también que hay otras empresas privadas y de carácter público que trabajan en la misma especialización; que el plasma se entrega a toda institución hospitalaria que lo solicite, siempre que se encuentre autorizado como Centro Receptor por la Comisión de investigación biomédica del Ministerio Salud y que a la fecha, se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia -públicos o privados- y en forma gratuita.