Por Aries, Antonieta Plaza, abogada de la Fundación Tomar Acción, explicó que presentó un amparo a la Justicia con el fin de que tome conocimiento sobre los mecanismos de adjudicación de viviendas del IPV ya que, consideró, estos no contemplan las normas constitucionales en cuanto a los tratados internacionales relacionados a la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, así como la protección de personas con discapacidad.

 “Son grupos vulnerables que deben recibir protección del Estado”, resaltó.

Según la letrada, hay un caso testigo en Ciudad de Buenos Aires donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los vecinos considerando que el Estado porteño debía resolver la cuestión de viviendas ante la gran cantidad de tomas de terrenos que se registraban.

La Corte, precisó, estableció que el derecho a la vivienda no es un derecho más y que – tal su rango – debe cumplirse con el máximo esfuerzo estatal y sin anteponer cuestiones presupuestarias.

“Nosotros pedimos que la normativa de acceso a la adjudicación refleje la protección supra legal para las mujeres en situación de violencia, así como a grupos de vulnerabilidad”, describió Plaza.

Aclaró que quienes toman terrenos están incluidos dentro de este grupo que, “en vez de balazos”, deberían tener un tratamiento especial: hacer un relevamiento en los asentamientos, interiorizarse sobre su situación, reubicarlos y abordar todo el proceso con agentes sanitarios. Claro, el paso siguiente debería ser solucionar su problemática habitacional, completó.

Finalizando, la abogada indicó que por la pandemia se hizo notoria la situación de violencia a la que son expuestas algunas mujeres que, por la crisis habitacional, deben permanecer bajo el mismo techo que quien las violenta. Para ellas, concluyó, es necesario que el IPV brinde respuestas.