
Las transferencias automáticas en agosto cayeron 0,4% con relación a julio. En forma interanual avanzaron 2,4%.
El grupo Techint redobló la apuesta en el conflicto que mantiene con la UOM por el salario de sus trabajadores suspendidos. La disputa arrancó cuando el conglomerado anunció su intención de pagar sólo 50% del salario a su personal licenciado durante la pandemia y luego amenazó con cerrar al menos dos de las plantas de su controlada Tenaris.
Argentina04/08/2020El tironeo llegó ayer al Ministerio de Trabajo nacional. Al cabo de una audiencia por la aplicación zoom con la participación de dirigentes de la seccional Campana de la UOM y del gerente de Recursos Humanos de Tenaris, Marcelo de Virgiliis, el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, dictó la conciliación obligatoria que dispuso la vuelta a sus tareas de los cesanteados, en todos los casos dependientes de empresas contratistas de Techint que trabajan exclusivamente para Siderca.
Respecto del planteo empresarial de reducir los actuales salarios de los suspendidos la discusión pasó para este jueves, en una nueva audiencia. En la actualidad rige para todos los trabajadores licenciados de la UOM un acuerdo para el pago reducido de sueldos durante la pandemia. Para los operarios del convenio colectivo metalúrgico el esquema contempla el pago del 70% de los salarios en bruto, lo que equivale al 86 por ciento de bolsillo. Para la rama siderúrgica hay acuerdos diferenciales: en Siderca se pactó el pago del 80% del sueldo neto desde enero, antes de la crisis por el coronavirus, producto de la caída en la actividad petrolera a nivel internacional, de la cual la fábrica de tubos es proveedora.
El grupo liderado por Paolo Rocca había anunciado la semana pasada su intención de bajar al 50% del neto el monto a pagarles a los licenciados de Tenaris, es decir los de Campana (Siderca), Valentín Alsina (SIAT), Villa Constitución y dos plantas más en Villa Mercedes, San Luis. A ese aviso le siguió otro de un posible cierre unilateral en Siderca y SIAT desde esta semana y el despido a última hora del viernes de 140 trabajadores. El secretario general de la seccional Campana de la UOM, Abel Furlán, denunció un eventual “lock out patronal” ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, que encabeza Mara Ruiz Malec.
Anoticiado de la existencia de esa denuncia, el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, se manifestó interesado en tomar parte del conflicto y le pidió a la UOM que le elevara una nota similar para darle pie a intervenir. De ahí que Bellotti citó a la audiencia de ayer y abrió el paraguas de una negociación que continuará el jueves, tregua mediante. La última intervención de la Nación en un conflicto con Techint como protagonista fue cuando el grupo anunció, apenas iniciada la cuarentena, su decisión de despedir a 1.450 trabajadores de obras en construcción de tres provincias. Pese a que Alberto Fernández tildó entonces de “miserable” a Rocca el conglomerado hizo valer esa determinación en la discusión en la cartera laboral.
Techint llega además al actual conflicto luego de haber desechado los subsidios Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que el Gobierno nacional le había otorgado para cubrir la mitad de los sueldos netos de todos los operarios de sus unidades de negocios en crisis por la pandemia. La devolución se produjo apenas el Ejecutivo impuso condiciones para el pago del beneficio tales como prohibirles a las empresas girar utilidades al extranjero (Techint está inscripta en Luxemburgo) o hacerse de dólares. En la empresa evitaron desde la semana pasada ofrecer su versión ante los pedidos de este diario.
El conflicto se inscribe además en otra discusión que deberá resolverse esta semana, ligada al vencimiento del acuerdo nacional por licenciamientos entre la UOM y las cámaras empresarias como Adimra. A cambio de renovar el esquema de rebaja al 86% del sueldo neto el gremio les pidió a los empleadores el pago de un bono no remunerativo como compensación por la falta de avances en la negociación de la paritaria, también vencida pero en este caso desde abril. Para esa instancia el sindicato que encabeza Antonio Caló reclamó una suma fija de entre 6 mil y 8 mil pesos por mes.
Ámbito.com
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