En principio, la medida que inicio el lunes, se extendió por 24 horas. La Cámara de Estaciones de Servicio de Salta aclaró que "sin la autorización, la estación que expenda GNC podrá ser sancionada".
Piden que la Justicia brinde respuesta a las violaciones de derechos que realiza la Policía
La abogada de Derechos Humanos y querellante en causas de Lesa Humanidad, María José Castillo, cuestionó el accionar de la Policía de Salta y la la falta de respuesta de la Justicia a la sociedad ante este tipo de situaciones.
Salta08/07/2020
En diálogo con Pasaron Cosas, Castillo destacó que se haya apartado al fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, porque de las más de dos mil denuncias sobre abusos policiales solo se movilizaron cerca de 60.
Por esta razón, adelantó que están evaluando la posibilidad de pedir un jury contra Vilar Rey porque la situación no puede quedar solo en el apartamiento del integrante del Ministerio Público Fiscal.
Lamentó que no exista registro público alguno sobre este tipo de situaciones en una provincia que en los últimos años registró 7 casos de gatillo fácil.
Sostuvo que desde los organismos de Derechos Humanos piden que se ponga un freno a este tipo de accionar de la Policía porque los efectivos de la fuerza no solo violan los derechos humanos sino que no hay respuesta de la Justicia.
Castillo consideró alarmante que el 5% de las denuncias registradas sean contra la Policía, y consideró que deben ser mucho más porque hay una gran cantidad de ciudadanos que no se animan a denunciar.
En este contexto, el diputado provincial Carlos Zapata, lamentó que el oficialismo en la Cámara Baja salteña no quiera tratar la derogación la Ley provincial 8101, la cual se sancionó una vez vencido el plazo para el tratamiento legislativo del Decreto de Necesidad y Urgencia 255 de 2020.
Señaló que mientras diferentes organismos e instituciones cuestionan esta normativa por las facultades que entregan a la policía, el Gobierno de la Provincia sigue atropellando garantías y derechos constitucionales.
Para Zapata, la gente que rodea al gobernador Gustavo Sáenz lo está asesorando mal.
Por su parte el diputado provincial por San Martín, Franco Hernández Berni, sostuvo que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos pero los mismos no pueden regular en materia penal porque se está violentando el sistema acusatorio y la propiedad privada.
Finalmente el diputado Julio Moreno, sostuvo que son observaciones de una oposición constructiva las que señalan respecto a la normativa en cuestión para que el Poder Ejecutivo pueda respetar al Poder Legislativo.
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