El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) le dio 72 horas a los 16 acusados por el presunto direccionamiento en la obra pública, que se pronuncien sobre la propuesta realizada: que el juicio que tiene como principal imputada a Cristina Kirchner, se reanude de forma semi presencial. La vicepresidenta en un escrito de cuatro páginas, que presentó su abogado, no se opuso a que se reinicien las audiencias y sostuvo que no va a permitir que cualquier retraso alimente la idea de un "plan de impunidad": Lázaro Báez ya se había opuesto a dicha modalidad. 

En el escrito, la vicepresidenta acusó a los jueces de ser "imparciales", indicó nuevamente que la acusación en su contra "es falsa" y pidió la publicidad del caso.

Fueron al menos cuatro los intercambios entre el TOF 2 con el Consejo de la Magistratura -responsable de administrar los fondos del Poder Judicial-, a quien se le solicitó una plataforma virtual para reanudar el caso que llevan a delante los jueces del tribunal conformado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Sin fechas específicas por parte del organismo que preside Alberto Lugones y una última comunicación que recomendó una inscripción para requerir el sistema online, a través de un correo electrónico, el Tribunal decidió avanzar en una propuesta intermedia.

Fue a través de una resolución en la que sugirió la metodología de un juicio "semi presencial". En la sala solo estarán, además de los jueces, "el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial, y la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura".

Para que esto ocurra, todos los imputados, las querellas y la fiscalía debían pronunciarse a favor o en contra, en el lapso de tres días. Una de las primeras en responder fue Cristina Kirchner a través de su abogado Carlos Beraldi.

En el escrito al que accedió Clarín se planteó que a diferencia de otros involucrados en el caso, la vicepresidenta "no habrá de oponerse a que se reanude el debate de modo semi presencial". Lázaro Báez y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti se opusieron a que el juicio vuelva a realizarse de forma virtual.

Entre otros argumentos, la defensa de la ex presidenta remarcó que si bien la modalidad semi presencial, "no abastece suficientemente las reglamentaciones generales del debate consagradas en el ordenamiento procesal penal", y que no van a admitir una "eventual demora en el reinicio del juicio" para que tal cosa "sea utilizada para agitar falsas y malintencionadas especulaciones dirigidas a confundir a la opinión pública sobre la existencia de un presunto “plan de impunidad”.

Dichas palabras responden a las denuncias formuladas por la oposición respecto al avance de Cristina Kirchner en áreas claves vinculadas a la justicia, que tendría como finalidad garantizarle "impunidad ante su escenario judicial". La ex mandataria cuenta con ocho causas elevadas a juicio oral por corrupción. Sólo la investigación donde se la procesó como jefa de una asociación ilícita que habría direccionado 51 contratos viales, por $ 46.000 millones, a favor de Báez comenzó a juzgarse.

El caso que lleva el TOF 2 inició sus audiencias el 21 de mayo de 2019 y a raíz de la pandemia por el Covid19, quedaron suspendidas las audiencias que ahora los jueces buscan retomar. 

En este contexto, en su escrito, la vicepresidenta volvió a criticar al Tribunal que tiene a su cargo el juicio. Cristina Kirchner en su indagatoria del 2 de diciembre pasado ya los había acusado de representar el "lawfare", de haberla condenado previamente y cuando le consultaron si iba a responder preguntas, sostuvo: "Preguntas van a tener que responder ustedes, a mí la historia ya me absolvió".

En este mismo sentido, en su escrito ahora acusó a los magistrados que la juzgan ser "imparciales" y que en el marco de las audiencias del juicio "quedará demostrada la falsedad de las imputaciones formuladas (que un gobierno democrático elegido por el pueblo en tres oportunidades constituyó una asociación ilícita)".

También insistió en que las imputaciones en su contra "fueron falsamente construidas desde una verdadera asociación ilícita que, operando a través de lo que ahora se conoce como mesa judicial, interfirió y direccionó el desarrollo de cada uno de los supuestos procesos judiciales seguidos en contra de adversarios políticos. Algo que jamás había sido visto en tiempos democráticos".

Al aceptar reanudar el juicio de forma semi presencial, la defensa requirió "como condición indispensable para la continuación del proceso, que se dé estricto cumplimiento al principio de publicidad, imprescindible en todo juicio oral". Por ello, se pidió que se arbitren "los medios técnicos necesarios para garantizar que todo lo que ocurra en la audiencia pueda ser seguido por aquellas personas que resulten interesadas".