En Salta es la segunda gran preocupación, como en cualquier otra provincia y como en la Nación. El vocero de lo que bien puede considerarse un estado angustiante fue el Ministro de Economía que se aferra a la esperanza de que un comportamiento social adecuado morigere el efecto de la pandemia.
Al anunciar que se ha declarado feria administrativa, la suspensión de inspecciones, clausuras, de ejecuciones fiscales y la posible extensión de la moratoria dispuesta por ley en diciembre pasado, aprovechó para dar detalles de un estado complejo para las cuentas públicas. Pese a ello se extendieron hasta el 1 de abril los vencimientos de los impuestos provinciales.
La actual evolución de la situación no permite al ministro Roberto Dib Ashur, y seguramente a ninguno de sus pares de cualquier parte del territorio, ponderar con precisión el costo de esta cuarentena que se inició el viernes último. De todas maneras anticipó que son miles de millones de pesos que implican la caída de la recaudación, los gastos y las inversiones que tienen que ir destinadas a atender la pandemia. También es inevitable la caída del Producto Bruto Interno de la Argentina, que puede llegar a ser uno o dos puntos.
Si bien este país no suele adherir al mediano y largo plazo, es casi inédito el estrecho plazo para la toma de decisiones al que están sometidos los gobiernos; las revelaciones del ministro de Economía dieron cuenta que se están adoptando las medidas previstas para este mes que ya ha ingresado en su recta final pero para abril, no hay decisiones. En Salta hubo un ámbito de análisis entre el sector público y el privado en el que se tomó nota de las demandas para definir las gestiones ante el gobierno nacional.
De lo que se trata es de asegurar prioritariamente los recursos para atender la pandemia en cada jurisdicción. Se suma a ello atender situaciones sociales puntuales y concurrir en asistencia a distintos sectores económicos.
Pero también es altamente demandante la situación del Tesoro provincial que debe atender sus propias obligaciones de funcionamiento. En ello caben todas las previsiones para que se encuentren plenamente operativos los servicios esenciales y mantener íntegra la cadena de pagos, cumpliendo con salarios y contratistas. Y ello se debe enfrentar con una sensible caída de ingresos, especialmente por la baja de la recaudación provincial y nacional.
Es sabido que el pico de la pandemia no se ha alcanzado aún y de allí que no se descarta que el aislamiento social, que obliga a parar actividades económicas no esenciales. En consecuencia, poner en debate cuestiones ajenas a la situación sanitaria puede resultar hasta irritante para una ciudadanía preocupada en la propagación del virus.
Pero es responsabilidad de los gobiernos comenzar el análisis de la economía que vendrá y sus efectos sociales. En esa previsión puede caber la participación de sectores políticos que están reclamando mayor injerencia al Ejecutivo provincial.
Salta, 25 de marzo de 2020
