Esa fue la novedad de un jueves que en Salta mostró un amplio panorama de inactividad debido a un feriado provincial. Fue el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero el responsable de anunciar que probablemente habrá mayores tarifas en la segunda mitad del año; que haya admitido que se mantendrá la tarifa social, fue un dato menor. 

El congelamiento de tarifas está establecido para un plazo de 180 días impuesto por la Ley de Emergencia Económica y Social que aprobara el Congreso en el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Alcanza a los precios del gas y la electricidad hasta el 30 de junio, aunque respecto de este último servicio apenas roza las facturas que abonan los salteños por cuanto la distribución de energía se ajusta a tarifas que dispone el gobierno local. 

Como si la mitad del año fuese un plazo extenso, hasta ahora no aparecía la salida del congelamiento como una cuestión que merecía alguna atención. El aumento de los haberes jubilatorios por fuera de la ley previsional, por determinación de la emergencia referida, puso una luz de alarma en amplios sectores poblacionales.

Voceros del kirchnerismo se adelantaron ayer a estimar una suba de tarifas del 20 por ciento en los servicios públicos. Se va a ayudar a quienes menos tienen porque fue el propio Cafiero quien anticipó que se mantendrá la tarifa social, al anunciar que el nuevo cuadro tarifario en el que se está trabajando comenzará a regir en julio. 

El anuncio, relativizado hoy por Alberto Fernández en declaraciones periodísticas a una radio porteña, abre un abanico de interrogantes que incluye la duda sobre el momento de levantar el congelamiento, que está establecido por ley. Vale tener en cuenta que al momento del arribo de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional –que llegó para darle un espaldarazo al nuevo gobierno argentino- fue el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el responsable de informarle que no existía la intención de un congelamiento permanente. Al país le anticipó que, de todas maneras,  el fin del gobierno es fijar tarifas "razonables y accesibles", con la mira puesta en controlar la inflación. Durante la campaña electoral, Alberto Fernández se había referido a la necesidad de pesificar las tarifas. De ese dicho al hecho de una complicada situación económico-fiscal hay un trecho muy amplio que sólo los políticos transitan ágilmente.

De todas maneras, lo que se resuelva en el ámbito federal no compromete las decisiones provinciales. Las tarifas de los servicios de agua y saneamiento, energía eléctrica y transporte urbano de pasajeros son de responsabilidad del gobierno de Gustavo Sáenz, ocupado por estos días en frenar la muerte de niños en el norte. 

Puntualmente en el caso de la electricidad, que tiene un componente en el que impactan los ajustes nacionales, estaba previsto que en marzo comiencen a evaluarse las variables económicas para una revisión integral de la tarifa. Seguramente todo quedará condicionado por un escenario en el que las decisiones pasan por determinar quiénes son los que toleran seguir cargando los ajustes.

Salta, 21 de febrero de 2020