El caso, según lo revelado durante la audiencia, se inició a partir de la denuncia de una ciudadana, empleada en la Cámara de Diputados, quien solicitó la investigación penal por la violación de datos confidenciales que estaban en resguardo de un organismo nacional. En su denuncia, la mujer afectada apuntó contra un empleado de la ANSES, ya que de una verificación interna se estableció que la documentación cuestionada y relacionada a su actividad laboral, ingreso y otros datos previsionales, fue extraída del CPU asignado a dicho funcionario púbico, quien se desempeña en ese organismo nacional.

Sostuvo que estos documentos fueron luego difundidos en un semanario local, publicación que calificó de difamatoria. A partir de esta denuncia, realizada el 6 de noviembre de 2019, el fiscal federal avanzó con las actuaciones preliminares, circunstancias en que la afectada designó a una abogada como querellante en el caso.

Reconoció que dichos datos fueron extraídos de su CPU, pero sostuvo que al llegar a su lugar de trabajo enciende su computadora con su clave, pero que no permanece las ocho horas frente a la pantalla, pues realiza otras tareas y la máquina siempre queda encendida, oportunidad en la que sugirió se habría extraído la información de la mujer.