A 10 días que se informara de la intención del Gobernador Gustavo Sáenz de reformar la Constitución Provincial, se abrió el diálogo en torno de tal intención. En la primera mesa tendida, los convocados fueron los miembros del el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta –FOCIS es su sigla-, que había solicitado un encuentro para asegurarse que lo que viene no son eventuales maniobras de maquillaje que simulen una reforma.
Opinión20/01/2020
El grupo cívico demandó días pasados la apertura de un amplio proceso participativo para que, con carácter previo a la formal convocatoria de la Convención Constituyente, las fuerzas políticas y sociales, sin discriminación alguna, intercambien ideas y propuestas. Sin demoras propuso algunas de las temáticas que, a juicio del FOCIS, debieran tratarse. Es el caso de la justicia y su independencia y eficacia, el régimen electoral, el sistema de control, principio de idoneidad y mérito para los cargos ejecutivos y administrativos, perspectiva de género, libertad de expresión y federalismo y regionalismo.
Tampoco se demoró la respuesta desde un Ejecutivo ocupado en atender varios frentes de acción, que van desde el desequilibrio fiscal -que tiene a mal traer a la mayoría de los gobernadores en un país sin presupuesto- al control de demandas sociales extremas. En el caso de Salta se expresa en la muerte de cuatro niños en lo que va del año, por desnutrición y otras carencias como la falta de agua segura.
Es en ese marco que se comenzó a discutir un tema que fue compromiso electoral, cuando de lo que se hablaba era de la duración de los mandatos y de otras cuestiones de interés de la dirigencia política. La discusión ha comenzado a ampliarse para justificar que es este el momento propicio para un debate de tal naturaleza en el entendimiento, en línea con el Gobernador, que éste es un momento adecuado para empezar un proceso de reformas para los próximos 20 ó 30 años.
Entre los interlocutores por parte del Ejecutivo, además del Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, se ubicó el dirigente Carlos Humberto Saravia, circunstancialmente director de una agencia reguladora. Veinte meses atrás aseguraba que una reforma de esa naturaleza no está al compás de lo que la gente cuenta como de importancia actual. Desde entonces no hubo cambios significativos en la realidad provincial y si los hubo, no fue para mejorar la situación del ciudadano común. El ahora funcionario tachaba de “cortina de humo “el debate que ya se insinuaba sobre una eventual reforma y lo adjudicaba a la necesidad de no hablar de otras cosas como la deuda pública, la designación de jueces, el 35% de pobreza y los bajos índices socio económicos.
Esos temas tienen estricta actualidad y suman urgencia. Quizás por ello es que en la apertura del diálogo que precede a la instancia legislativa respecto de la reforma constitucional, que se habilitará el 1 de abril próximo, se aseguró que desde el Gobierno se piensa en un calendario con plazos muy precisos y se dio garantías que se incorporarán prioridades de otra índole.
Los referentes del Foro plantearon a los funcionarios que Salta es insuficientemente democrática y está atrasada respecto de los estándares republicanos más modernos. Y a todas luces se demanda un esfuerzo para lograr una mejor calidad institucional, que garantice los derechos de los ciudadanos y contribuyan a la solución de los problemas económico-sociales que afectan a los más débiles.
La reforma ha comenzado y nadie debe ser prescindente.
Salta, 20 de enero de 2020
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.