El grupo cívico demandó días pasados la apertura de un amplio proceso participativo para que, con carácter previo a la formal convocatoria de la Convención Constituyente, las fuerzas políticas y sociales, sin discriminación alguna, intercambien ideas y propuestas. Sin demoras propuso algunas de las temáticas que, a juicio del FOCIS, debieran tratarse. Es el caso de la justicia y su independencia y eficacia, el régimen electoral, el sistema de control, principio de idoneidad y mérito para los cargos ejecutivos y administrativos, perspectiva de género, libertad de expresión y federalismo y regionalismo.
Tampoco se demoró la respuesta desde un Ejecutivo ocupado en atender varios frentes de acción, que van desde el desequilibrio fiscal -que tiene a mal traer a la mayoría de los gobernadores en un país sin presupuesto- al control de demandas sociales extremas. En el caso de Salta se expresa en la muerte de cuatro niños en lo que va del año, por desnutrición y otras carencias como la falta de agua segura.
Es en ese marco que se comenzó a discutir un tema que fue compromiso electoral, cuando de lo que se hablaba era de la duración de los mandatos y de otras cuestiones de interés de la dirigencia política. La discusión ha comenzado a ampliarse para justificar que es este el momento propicio para un debate de tal naturaleza en el entendimiento, en línea con el Gobernador, que éste es un momento adecuado para empezar un proceso de reformas para los próximos 20 ó 30 años.
Entre los interlocutores por parte del Ejecutivo, además del Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, se ubicó el dirigente Carlos Humberto Saravia, circunstancialmente director de una agencia reguladora. Veinte meses atrás aseguraba que una reforma de esa naturaleza no está al compás de lo que la gente cuenta como de importancia actual. Desde entonces no hubo cambios significativos en la realidad provincial y si los hubo, no fue para mejorar la situación del ciudadano común. El ahora funcionario tachaba de “cortina de humo “el debate que ya se insinuaba sobre una eventual reforma y lo adjudicaba a la necesidad de no hablar de otras cosas como la deuda pública, la designación de jueces, el 35% de pobreza y los bajos índices socio económicos.
Esos temas tienen estricta actualidad y suman urgencia. Quizás por ello es que en la apertura del diálogo que precede a la instancia legislativa respecto de la reforma constitucional, que se habilitará el 1 de abril próximo, se aseguró que desde el Gobierno se piensa en un calendario con plazos muy precisos y se dio garantías que se incorporarán prioridades de otra índole.
Los referentes del Foro plantearon a los funcionarios que Salta es insuficientemente democrática y está atrasada respecto de los estándares republicanos más modernos. Y a todas luces se demanda un esfuerzo para lograr una mejor calidad institucional, que garantice los derechos de los ciudadanos y contribuyan a la solución de los problemas económico-sociales que afectan a los más débiles.
La reforma ha comenzado y nadie debe ser prescindente.
Salta, 20 de enero de 2020
