“Los números son categóricos, el concepto de Cooperadora Asistencial era un impuesto distorsivo que lo pagaba quien invertía, generaba trabajo arriesgando su capital y era distorsivo”, dijo Diez Villa y precisó que por el citado impuesto se recaudaba alrededor 430 millones de pesos anuales.

Indicó que si el “destino de esos fondos era asistir a personas en situación de vulnerabilidad, la tarjeta alimentaria tendrá un impacto de 4.000 millones de pesos, diez veces más que lo recaudado por Cooperadora y que ese dinero en la economía local es muy importante”.

En relación al proyecto de ley para financiar las Cooperadoras a partir de destinar un cuatro por ciento de lo que recauda el impuesto a las Actividades Económicas y que cuenta con media sanción de Diputados, Diez Villa -uno de los que votó a favor-, indicó que esa iniciativa se trató cuando “no había asumido el Gobierno de Alberto Fernández y no estaba previsto el programa nacional” de asistencia contra el hambre.

“Hay gente que no quiere atender o distorsiona, el Gobernador jamás dijo que iba a desatender programas sociales de la gestión anterior, siguen vigentes los 700 millones de pesos para los municipios y eso lo van a seguir administrando los intendentes pero con la exigencia de rendición de gastos”, planteó el diputado del Bloque "Salta Tiene Futuro".

En tal sentido, dijo que un 40 por ciento de los municipios, alrededor de 24, “deben las rendiciones de Fondos de Asistencia Crítica, por una cifra cercana a los 300 millones de pesos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019”.