La cuestión salarial, a partir de diciembre, es responsabilidad del nuevo gobierno. La verdad de Perogrullo fue expresada por el gobernador en retirada frente a una andanada de cuestionamientos de economistas a que los sueldos se ajusten con la inflación.
Opinión27/11/2019
Iniciado el año electoral en junio pasado, muchos distritos evitaron las perturbaciones que generan las demandas salariales cerrando acuerdos con cláusula gatillo. Salta no fue la excepción y Juan Manuel Urtubey resolvió el conflicto docente que impedía el reinicio de clases luego de las vacaciones invernales con un decreto que cumplió a rajatablas mientras se empeñaba en ganar una vicepresidencia que le fue esquiva. Con dos sueldos a la vista, que se van a pagar con ajuste inflacionarios, los maestros están advirtiendo al electo Gustavo Sáenz, que no abandonan esa conquista. Todo el espinel del sector público también se alinea detrás de ese anuncio.
Pero no solos los académicos saben que sostener ese método de ajuste será insoportable para la gestión del nuevo gobierno. Por eso es que oficialismo y la oposición en la Legislatura pretenden actuar con precaución y están anticipando que no aprobarán un presupuesto destinado únicamente a pagar sueldos, dejando de lado inversiones en obra pública, salud, educación y seguridad. Este alineamiento anuncia tiempos difíciles.
En el proceso de transición se ha confirmado que las cuentas públicas están equilibradas de manera excesivamente precaria, al punto que un diputado del olmedismo le ha reclamado a Urtubey que deshaga el decreto o ponga otro tipo de incremento salarial. “Se le pido humildemente”, dijo en tono de súplica Julio Moreno, del bloque Ahora Patria. Doctor en Economía, sabe que el pueblo deberá realizar muchos sacrificios a fin de cumplir con los compromisos que generó el mandatario saliente.
El presupuesto provincial 2019 cerrará con una inversión del 69% en salarios y si no hay cambios, otro tanto deberá ocurrir este año. Con una inflación proyectada para este año del 55%, los trabajadores estatales provinciales tendrán subas de entre el 45 y 50%, totalizando unos 55 mil millones de pesos, casi 10 mil millones más de lo que se había consignado en el presupuesto. Es que el polémico decreto 1.046, con el que Urtubey zanjó sus diferencias con los docentes en julio pasado, dejó como piso el incremento salarial total del 38%, pautado en marzo para 2019 y dispuso su readecuación automática de conformidad a la inflación real que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y lo viene cumpliendo desde entonces porque sabía que en medio año no podía desestabilizarse el equilibrio fiscal.
El diputado Moreno lo explicó básicamente señalando que no es un acuerdo sustentable, porque no se puede pensar en una provincia que le paga bien a sus empleados pero no puede llevar la producción a ningún lado porque no tiene rutas. Se han mejorado los sueldos con los fondos de las partidas destinadas a obras públicas.
Cifras oficiales dan cuenta que en la última década, el número de empleados públicos de Salta creció un 85%. No hubo crecimiento económico y el impacto social del estancamiento, que se expresa en la falta de fuentes de trabajo, se ocultó detrás de un Estado empleador.
Pero llegó el final de la fiesta y ahora debe pagarse.
Salta, 27 de noviembre de 2019
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El IPS aseguró que transfirió al Círculo Médico $4.361 millones en octubre y $110 millones en noviembre. Planteó irregularidades en la facturación y ‘abrió la puerta’ para que los médicos se incorporen como prestadores directos.