Iniciado el año electoral en junio pasado, muchos distritos evitaron las perturbaciones que generan las demandas salariales cerrando acuerdos con cláusula gatillo. Salta no fue la excepción y Juan Manuel Urtubey resolvió el conflicto docente que impedía el reinicio de clases luego de las vacaciones invernales con un decreto que cumplió a rajatablas mientras se empeñaba en ganar una vicepresidencia que le fue esquiva. Con dos sueldos a la vista, que se van a pagar con ajuste inflacionarios, los maestros están advirtiendo al electo Gustavo Sáenz, que no abandonan esa conquista. Todo el espinel del sector público también se alinea detrás de ese anuncio.

Pero no solos los académicos saben que sostener ese método de ajuste será insoportable para la gestión del nuevo gobierno. Por eso es que oficialismo y la oposición en la Legislatura pretenden actuar con precaución y están anticipando que no aprobarán un presupuesto destinado  únicamente a pagar sueldos, dejando de lado inversiones en obra pública, salud, educación y seguridad. Este alineamiento anuncia tiempos difíciles.

En el proceso de transición se ha confirmado que las cuentas públicas están equilibradas de manera excesivamente precaria, al punto que un diputado del olmedismo le ha reclamado a Urtubey que deshaga el decreto o ponga otro tipo de incremento salarial. “Se le pido humildemente”, dijo en tono de súplica Julio Moreno, del bloque Ahora Patria. Doctor en Economía, sabe que el pueblo deberá realizar muchos sacrificios a fin de cumplir con los compromisos que generó el mandatario saliente.

El presupuesto provincial 2019 cerrará con una inversión del 69% en salarios y si no hay cambios, otro tanto deberá ocurrir este año. Con una inflación proyectada para este año del 55%, los trabajadores estatales provinciales tendrán subas de entre el 45 y 50%, totalizando unos 55 mil millones de pesos, casi 10 mil millones más de lo que se había consignado en el presupuesto. Es que el polémico decreto 1.046, con el que Urtubey zanjó sus diferencias con los docentes en julio pasado, dejó como piso el  incremento salarial total del 38%, pautado en marzo para 2019 y dispuso su readecuación automática de conformidad a la inflación real que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y lo viene cumpliendo desde entonces porque sabía que en medio año no podía desestabilizarse  el equilibrio fiscal.

El diputado Moreno lo explicó básicamente señalando que no es un acuerdo sustentable, porque no se puede pensar en una provincia que le paga bien a sus empleados pero no puede llevar la producción a ningún lado porque no tiene rutas. Se han mejorado los sueldos con los fondos de las partidas destinadas a obras públicas.

Cifras oficiales dan cuenta que en la última década, el número de empleados públicos de Salta creció un 85%. No hubo crecimiento económico y el impacto social del estancamiento, que se expresa en la falta de fuentes de trabajo, se ocultó detrás de un Estado empleador.

Pero llegó el final de la fiesta y ahora debe pagarse.

Salta, 27 de noviembre de 2019