La cuestión salarial, a partir de diciembre, es responsabilidad del nuevo gobierno. La verdad de Perogrullo fue expresada por el gobernador en retirada frente a una andanada de cuestionamientos de economistas a que los sueldos se ajusten con la inflación.
Opinión27/11/2019
Iniciado el año electoral en junio pasado, muchos distritos evitaron las perturbaciones que generan las demandas salariales cerrando acuerdos con cláusula gatillo. Salta no fue la excepción y Juan Manuel Urtubey resolvió el conflicto docente que impedía el reinicio de clases luego de las vacaciones invernales con un decreto que cumplió a rajatablas mientras se empeñaba en ganar una vicepresidencia que le fue esquiva. Con dos sueldos a la vista, que se van a pagar con ajuste inflacionarios, los maestros están advirtiendo al electo Gustavo Sáenz, que no abandonan esa conquista. Todo el espinel del sector público también se alinea detrás de ese anuncio.
Pero no solos los académicos saben que sostener ese método de ajuste será insoportable para la gestión del nuevo gobierno. Por eso es que oficialismo y la oposición en la Legislatura pretenden actuar con precaución y están anticipando que no aprobarán un presupuesto destinado únicamente a pagar sueldos, dejando de lado inversiones en obra pública, salud, educación y seguridad. Este alineamiento anuncia tiempos difíciles.
En el proceso de transición se ha confirmado que las cuentas públicas están equilibradas de manera excesivamente precaria, al punto que un diputado del olmedismo le ha reclamado a Urtubey que deshaga el decreto o ponga otro tipo de incremento salarial. “Se le pido humildemente”, dijo en tono de súplica Julio Moreno, del bloque Ahora Patria. Doctor en Economía, sabe que el pueblo deberá realizar muchos sacrificios a fin de cumplir con los compromisos que generó el mandatario saliente.
El presupuesto provincial 2019 cerrará con una inversión del 69% en salarios y si no hay cambios, otro tanto deberá ocurrir este año. Con una inflación proyectada para este año del 55%, los trabajadores estatales provinciales tendrán subas de entre el 45 y 50%, totalizando unos 55 mil millones de pesos, casi 10 mil millones más de lo que se había consignado en el presupuesto. Es que el polémico decreto 1.046, con el que Urtubey zanjó sus diferencias con los docentes en julio pasado, dejó como piso el incremento salarial total del 38%, pautado en marzo para 2019 y dispuso su readecuación automática de conformidad a la inflación real que informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y lo viene cumpliendo desde entonces porque sabía que en medio año no podía desestabilizarse el equilibrio fiscal.
El diputado Moreno lo explicó básicamente señalando que no es un acuerdo sustentable, porque no se puede pensar en una provincia que le paga bien a sus empleados pero no puede llevar la producción a ningún lado porque no tiene rutas. Se han mejorado los sueldos con los fondos de las partidas destinadas a obras públicas.
Cifras oficiales dan cuenta que en la última década, el número de empleados públicos de Salta creció un 85%. No hubo crecimiento económico y el impacto social del estancamiento, que se expresa en la falta de fuentes de trabajo, se ocultó detrás de un Estado empleador.
Pero llegó el final de la fiesta y ahora debe pagarse.
Salta, 27 de noviembre de 2019
Los dedos de la mano alcanzan para contar los días que faltan para que el sufrido ciudadano argentino ejercite su calidad de elector y modifique la integración del Congreso de la Nación. Decenas de fuerzas políticas en todo el país han salido en su búsqueda y centenares de candidatos tratan de seducir a los votantes con mensajes que básicamente los muestran como la solución a todos los problemas del país. Y así debiera ser porque por acción u omisión los han generado.
Hace mucho tiempo que una elección intermedia como la del próximo domingo no reviste tanta importancia para los salteños y para todos los argentinos. Lo resumo en una línea, si gana el gobierno nacional la que pierde no es la casta, es la gente. La gente como vos, como tus viejos, como tus amigos. La gente que espera respuestas.
La violencia de las campañas, que vienen caracterizando los procesos electorales en distintos lugares del mundo, se está manifestando en el país. La Provincia no es una excepción y en una sola jornada se denunciaron dos hechos preocupantes.
A días del cierre de la campaña electoral, se van sumando razones para que los ciudadanos definan su voto. No son consignas publicitarias; son exhortaciones con fuertes fundamentos, al punto que algunas suenan a extorsiones.
A esta semana la empecé en el corazón de Sudamérica, en el norte salteño, más precisamente en Orán. Ese lugar que desde Buenos Aires se ve tan lejos y que para Salta representa uno de los motores productivos para el desarrollo del Norte Grande. Fui invitado por los convencionales municipales para participar de una sesión especial en la que se empezó a debatir la nueva carta orgánica de la ciudad cabecera del departamento.
La mayor parte de las expectativas generadas por la reunión bilateral de los presidentes Javier Milei y Donald Trump no se cubrieron y los mercados de inmediato reaccionaron negativamente. En tanto, logró dictamen el proyecto de ley para declarar la emergencia de las pymes en la Argentina.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.