El caso, a cargo de la fiscalía penal 1, surge de una denuncia radicada por una mujer, propietaria de una carnicería ubicada en el barrio Vicente Solá, la que fue escenario del robo de dos teléfonos celulares, hecho ocurrido el 29 de mayo pasado.

Al revisar las cámaras de video internas del local, los propietarios advirtieron que el robo había quedado grabado, siendo un joven el autor, cuyo rostro fue expuesto en la red social de Facebook por uno de los propietarios, quien de esta manera pidió ayuda para identificar al delincuente.

La rápida difusión del video, según lo informados desde la fiscalía, tuvo su efecto, pues una mujer llamó a uno de los comerciantes y exigió la eliminación del video del escrache y a cambio ofreció la devolución de los dos aparatos robados, lo que fue concretado por una joven que se presentó en el negocio.

Posteriormente, siguieron los llamados con amenazas en contra de uno de los comerciantes, a quienes no sólo anunciaron atentados contra su vida, sino contra el local comercial, hecho que llevó a radicar la denuncia del caso, por lo que la fiscal, Gabriela Buabse, dispuso una serie de medidas investigativas para identificar a la mujer que hacía las amenazas.

Entre las diligencias del caso, la policía rastreó el número de teléfono desde donde provenían las amenazas, para posteriormente seguir el hilo investigativo, lo que les permitió llegar a la responsable de las llamadas, siendo la misma identificada como Rosa María Russo, con domicilio en el barrio Los Paraísos.

Al ser detenida, según lo informado desde la fiscalía, la acusada reiteró las amenazas, incluso hizo alusión de que no iba a delatar a su hijo y que una vez que quede en libertad buscaría al comerciante denunciante a fin de concretar sus amenazas.

En vista de los elementos de pruebas reunidos, la fiscal dispuso la imputación en contra de Russo por los delitos de “amenazas y coacción”. Asimismo, y ante el peligro de fuga y entorpecimiento procesal, se solicitó la mantención de detención de la acusada, como así también las medidas de protección del caso en favor del comercio y sus propietarios.