Por Aries, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Salta, Frida Fonseca, explicó que la presentación – a nivel local – se realizó en las entidades financieras que participan del plan ProCreAr.

“La intención es desencadenar la decisión política necesaria para modificar la situación que hoy tienen 600 familias en nuestra provincia”, añadió la funcionaria.

Y es que, señaló, estos créditos están atados al índice inflacionario y, al ritmo de esta variable, las cuotas que deben pagar quienes fueron beneficiados sufrieron un gran incremento, lo que torna la deuda en casi impagable.

En este sentido, Fonseca detalló que en 2017, cuando el plan iniciaba, el índice UVA tenía un valor de $14.05, mientras que hoy supera los $35; “es decir, una familia que había tomado el crédito por un capital de $1.000.000 hoy debe $2.500.000. De una cuota de $7.000 pasamos a una de casi $15.000”, aseguró.

Asimismo, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Salta informó que cada entidad financiera notificada elevará el pedido al Banco Central para dar cuenta de la situación pero que, en definitiva, es necesaria una decisión política que ate el valor del UVA al valor de los salarios y no a la inflación.

“El objetivo es darle volumen al reclamo de los damnificados e ir planteando que estamos hablando de la vivienda única familiar, por lo que es un pedido legítimo”, indicó y añadió que, en Salta, los aumentos salariales lejos estuvieron de alcanzar a la inflación, por lo que, de buenas a primeras, abonar una cuota de $15.000 se hace imposible y abre la puerta al riesgo de perder la vivienda.

Concluyendo, la funcionaria aseguró que es menester informar a la sociedad sobre los inconvenientes económicos que puede acarrear la toma de uno de estos créditos, más si se tiene en cuenta que una nueva etapa del ProCreAr ha sido lanzada.

“La situación es desesperante para las familias. Siempre queda la vía judicial como la última forma de cuestionar el planteo, ojala que no se lleve a esto”, finalizó Fonseca.