Iván Luis
La apertura del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces en los tribunales de Comodoro Py no tardó en detonar un potente sismo político que trascendió las paredes de la sala de audiencias. Apenas se puso en marcha el proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el bloque de diputados de Unión por la Patria salió a romper filas con un documento explosivo que despoja al debate judicial de cualquier matiz técnico para encuadrarlo, sin concesiones, en una maniobra de persecución sistemática.
Para el peronismo, la unificación de los expedientes responde a una maquinaria aceitada de jueces y operadores mediáticos cuyo fin último no es dilucidar responsabilidades patrimoniales, sino proscribir un apellido y neutralizar la gravitación histórica del kirchnerismo en el tablero nacional.
En su declaración, el interbloque opositor trazó una línea de continuidad entre este proceso y la causa Vialidad, advirtiendo que la sincronización de los tiempos judiciales con el calendario político obedece a una estrategia recurrente de hostigamiento. Los legisladores señalaron con crudeza que, bajo el paraguas de supuestas investigaciones por corrupción y asociación ilícita, los tribunales federales operan como un ariete funcional a los intereses del poder económico y de las administraciones de turno, deslizando paralelismos directos entre los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei.
Según la óptica del peronismo, mientras el ajuste castiga a la ciudadanía y el oficialismo actual goza de vía libre para sus reformas, el sistema judicial se erige como el instrumento predilecto para obturar la participación del movimiento popular mediante la amenaza constante de la inhabilitación política.
El pronunciamiento incluyó además un explícito respaldo institucional y humano hacia la expresidenta —quien cumple arresto domiciliario en su domicilio porteño— y hacia el diputado nacional, ambos señalados por la fiscalía como cabecillas de un circuito de reciclaje de fondos públicos a través de negocios hoteleros e inmobiliarios.
Lejos de debatir los alcances de los cargos de lavado de dinero, la postura partidaria optó por blindar a sus máximas figuras bajo el argumento de que el castigo judicial busca consumar una venganza en el presente que borre los logros de las gestiones pasadas.
(Con información de Página12)
