Disparan las pujas por los objetos del dictador Franco

La fiebre por los vestigios del franquismo ha encontrado un insólito mercado en Madrid, donde 689 lotes de objetos retirados del histórico Pazo de Meirás calientan motores de cara a una subasta que ya batió récords de interés antes de abrir formalmente sus puertas.

Con precios iniciales que iban desde los modestos 30 hasta los 5.000 euros, las ofertas anticipadas gestionadas por la casa Magna Art Auctions han disparado los valores de forma vertiginosa, impulsadas por compradores ávidos de apropiarse de retazos materiales de la dictadura. Lejos de limitarse a valiosas piezas de arte o mobiliario de los siglos pastados, la atención de los coleccionistas se ha ensañado con los efectos más cotidianos y privados del dictador, convirtiendo una vieja raqueta de tenis, un juego de palos de golf, un maletín de cuero o sábanas bordadas con insignias familiares en auténticos tesoros de cotización desorbitada.

Esta vorágine comercial corre en paralelo a una tormenta política y judicial que amenaza con dinamitar la operación. Colectivos dedicados a la recuperación de la memoria histórica han puesto el grito en el cielo al advertir que buena parte del catálogo no pertenece legítimamente a la familia del general, sino que forma parte del erario público o de la herencia cultural original de la escritora Emilia Pardo Bazán, dueña legítima del pazo gallego antes de que el inmueble fuera apropiado por el régimen.

Ante este panorama, asociaciones como la ARMH han elevado una solicitud formal al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado para exigir la suspensión cautelar de la subasta, argumentando que los herederos deben demostrar de forma fehaciente que los bienes no constituyeron obsequios institucionales recibidos por Franco en su calidad de jefe del Estado.

El trasfondo de esta pugna hunde sus raíces en la compleja batalla legal librada en los últimos años para devolver al Estado la titularidad del Pazo de Meirás y de centenares de bienes muebles que allí reposaban. Si bien resoluciones dictadas entre 2022 y 2024 reconocieron el carácter público de cerca de 700 piezas tras exhaustivos análisis históricos, un remanente de objetos quedó fuera de las reclamaciones de la Abogacía del Estado, lo que abrió la puerta para que los herederos del dictador obtuvieran luz verde para retirar el material y trasladarlo sigilosamente a Madrid el pasado mes de julio. Ahora, elementos tan dispares como armaduras centenarias, un retrato dedicado por Juan Carlos I en 1970 o un armario grabado con el yugo y las flechas se exponen al mejor postor bajo la sospecha de pertenecer a la historia colectiva de la nación.

Mientras las posturas se enconan y el reloj corre hacia la fecha fijada para el martillo, el debate excede con creces la mera puja económica. Para los detractores de la venta, permitir que el patrimonio usurpado se comercialice al amparo de catálogos que omiten el origen dictatorial del inmueble supone una afrenta directa a la democracia española.

La incógnita ahora no es solo cuánto dinero embolsará la familia del dictador por estos recuerdos de familia convertidos en fetiches políticos, sino si las instituciones lograrán frenar a tiempo una subasta que pone en vilo el delicado equilibrio sobre el destino de los bienes de la dictadura.

(Con información de Ámbito)