Caso Constanza Lee: tres organizaciones buscan intervenir como “amigos del tribunal”

El juicio contra el cardiólogo Javier Fernández debía comenzar este jueves, pero fue suspendido tras un planteo de la defensa para incorporar nueva prueba. Tres organizaciones buscan intervenir como “amigos del tribunal”.
 
 
Judiciales01/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CONSTANZA LEE (1)

El proceso judicial iniciado a partir de la denuncia de Constanza Lee contra su exesposo, el médico cardiólogo Javier Fernández, tendrá este jueves una audiencia clave para resolver la incorporación de organizaciones que solicitaron intervenir como amicus curiae —amigos del tribunal—, luego de la suspensión del juicio que estaba previsto comenzar esta semana.

En N&N por Aries, el abogado Pablo del Pino, integrante del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, señaló que hasta el momento son tres las instituciones que pretenden intervenir bajo esa figura: el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Fundación Género y Masculinidad y la Fundación Cintia Fernández, de la que el propio letrado forma parte.

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Del Pino explicó que el amicus curiae no se convierte en parte del proceso ni evalúa las pruebas o los hechos. Su función consiste en aportar al tribunal doctrina, jurisprudencia y antecedentes que puedan resultar útiles para analizar cuestiones como violencia de género, violencia sexual y abusos producidos dentro de relaciones matrimoniales. Sus opiniones tampoco son vinculantes para los jueces. 

El abogado cuestionó la suspensión del debate, que se produjo después de que la defensa del cardiólogo Javier Fernández pidiera incorporar como prueba un expediente del fuero de familia vinculado al cuidado personal de la hija menor de Constanza Lee. El planteo obligó a dar intervención a las partes y derivó en la postergación del juicio que debía comenzar este 1 de octubre.

Desde su análisis, el abogado sostuvo que ese planteo podía haberse resuelto antes o incluso al comienzo de la audiencia de debate, sin necesidad de suspenderla. “Entendemos que no era necesario”, afirmó, y advirtió que una demora de estas características puede generar revictimización e incluso, desde su perspectiva, “violencia de género institucional”, teniendo en cuenta que la denunciante lleva más de seis años esperando llegar a juicio.

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