Ivana Chañi
El abogado Pablo del Pino, integrante del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, advirtió que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en Salta enfrenta dificultades por la falta de recursos, capacitación y organización dentro del sistema judicial.
Durante su columna en N&N, por Aries, explicó que los inconvenientes son habituales ante una reforma profunda, aunque sostuvo que todavía existen problemas que afectan el trabajo cotidiano de abogados, fiscales y jueces.
Del Pino recordó que la implementación debió suspenderse inicialmente porque no estaban disponibles los recursos necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
Entre las principales falencias, mencionó la falta de cámaras y dispositivos para registrar audiovisualmente las audiencias que se realizan en el Ministerio Público Fiscal, pese a que ese procedimiento está contemplado en el código.
Ante esa situación, señaló que algunos abogados deben utilizar sus propios teléfonos celulares para grabar las audiencias y dejar constancia de lo ocurrido.
También cuestionó el funcionamiento del sistema de notificaciones. Según explicó, las comunicaciones llegan por correo electrónico, plataformas digitales, WhatsApp e incluso en formato papel.
“Cuando uno va a hacer un reclamo, no sabe dónde presentar un escrito”, describió el letrado al referirse a la falta de un procedimiento uniforme.
Del Pino reconoció que uno de los aspectos positivos de la reforma es la incorporación de la oralidad, pero advirtió que las demoras continúan.
Como ejemplo, indicó que algunos planteos de nulidad y pedidos de diligencias todavía no recibieron una audiencia. También sostuvo que se están fijando fechas de debate para marzo o abril del año siguiente, incluso en causas que requieren una resolución más rápida.
El abogado consideró que estos problemas deberán corregirse sobre la marcha, aunque remarcó que la falta de recursos y de reglas claras genera complicaciones para quienes trabajan dentro del sistema judicial.
