Radares y frontera: Defensa ajusta controles sobre infraestructura sensible

El Ministerio de Defensa fijó un procedimiento previo para autorizar radares y sistemas similares. La medida apunta a evitar riesgos en áreas sensibles como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior.
 
Argentina11/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Defensa estableció un nuevo procedimiento interno para intervenir antes de autorizar la instalación de estaciones terrestres, radares de observación aeroespacial y sistemas análogos.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 398/2026 y apunta a evaluar posibles riesgos para la Defensa Nacional antes de habilitar infraestructura considerada sensible.

Qué cambia con la nueva resolución

Desde ahora, toda autorización vinculada a la instalación y funcionamiento de estaciones o construcciones terrestres de radares deberá contar con intervención previa del Ministerio de Defensa.

El organismo deberá emitir un informe y dictamen sobre eventuales riesgos o amenazas para la seguridad nacional, especialmente en áreas estratégicas como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior.

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Por qué puede importar en el norte argentino

Aunque la resolución tiene alcance nacional, el tema adquiere relevancia para provincias de frontera como Salta, donde la vigilancia, las comunicaciones, el control aéreo y la infraestructura estratégica forman parte de la agenda de seguridad.

El texto oficial recuerda que la Fuerza Aérea Argentina es el organismo ejecutor del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Ese sistema cumple un rol clave en el monitoreo del espacio aéreo y en la protección de intereses nacionales.

Seguridad, tecnología y soberanía

La decisión se inscribe en un escenario donde las amenazas ya no se limitan al territorio físico. Defensa sostiene que la evolución tecnológica obliga a reforzar controles en campos que pueden afectar la soberanía y la integridad territorial.

El cambio no implica una prohibición general para instalar radares, sino un filtro previo para determinar si esos sistemas pueden generar riesgos. Para provincias del norte, la medida puede tener impacto en proyectos vinculados a conectividad, vigilancia, aeropuertos, frontera e infraestructura estratégica.

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