Nuevo sistema penal juvenil en Salta: aprueban protocolo clave para su implementación

La medida entrará en vigencia el 4 de mayo junto al nuevo Código Procesal Penal. Se busca modernizar el sistema con digitalización y enfoque en derechos de menores.
 
Judiciales22/04/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Corte de Justicia de Salta aprobó el Protocolo de actuación de la Oficina Judicial Penal Juvenil (OFIJU JUV), una herramienta clave para la implementación del nuevo sistema procesal que comenzará a regir en la provincia.

La decisión se formalizó mediante la Acordada Nº 14634, publicada este miércoles 22 de abril en el Boletín Oficial , y establece el funcionamiento integral de esta oficina especializada que intervendrá en causas que involucren a niños, niñas y adolescentes.

El nuevo esquema entrará en vigencia el próximo 4 de mayo, en simultáneo con la aplicación del Código Procesal Penal (Ley 8520), lo que marca un cambio estructural en la administración de la justicia penal juvenil en Salta.

ciudad-judicial-2-840x440El 4 de mayo entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia

Uno de los ejes centrales del protocolo es la implementación de la Carpeta Judicial Digital (CJD), que funcionará como registro único, cronológico y digital de cada causa. Este sistema garantizará la confidencialidad absoluta de los datos de los menores, restringiendo el acceso únicamente a las partes intervinientes.

Además, se establece que las audiencias tendrán un carácter interdisciplinario, flexible y multipropósito, priorizando la reintegración social del adolescente y la búsqueda de soluciones restaurativas, en línea con estándares internacionales de derechos del niño.

El protocolo también regula aspectos clave como:

  • La notificación sin estigmatización de los menores
  • La participación obligatoria de equipos interdisciplinarios
  • La posibilidad de audiencias presenciales y virtuales
  • El seguimiento de medidas socioeducativas

En los casos de menores privados de libertad, se fija un plazo máximo de 24 horas para realizar la audiencia de control de legalidad, reforzando las garantías procesales.

Asimismo, se promueve la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o la conciliación, con el objetivo de evitar la judicialización innecesaria.

La Corte también instruyó a las áreas técnicas y administrativas a implementar las herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema, consolidando un modelo de gestión basado en la digitalización, celeridad y especialización.

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