Y cuando un gobierno decide restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada, no está simplemente ordenando un protocolo: está marcando un límite. Y los límites, en democracia, siempre dicen mucho más de lo que parece.
Porque la libertad de prensa no es una concesión del poder. No es un favor. No es una invitación opcional a entrar o salir de un edificio. Es un derecho esencial para que la sociedad pueda mirar, preguntar, incomodar. Es, en definitiva, una herramienta para que el poder no se encierre en sí mismo.
Y sin embargo, en la Argentina de hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, asistimos a una escena que tiene algo de déjà vu, pero también algo de absurdo. Periodistas que no pueden ingresar libremente a la Casa Rosada. Cronistas que deben esperar, negociar o directamente resignarse. Como si informar fuera una molestia. Como si preguntar fuera una amenaza.
La historia argentina —y la historia mundial— tiene capítulos donde esto no es nuevo. Cuando el poder se siente incómodo, suele empezar por ordenar el relato. Durante el Proceso de Reorganización Nacional, la censura era explícita: listas negras, diarios intervenidos, voces silenciadas. Nadie dudaba de que no había libertad.
Hoy no estamos ahí. Pero tampoco estamos en un escenario ideal. Porque la censura moderna no siempre grita: a veces susurra. A veces no prohíbe, pero dificulta. No clausura, pero restringe. No persigue, pero desacredita.
Y ahí aparece el toque casi irónico de la época. Un gobierno que se define como el más “liberal” de la historia, pero que mira con recelo a uno de los pilares más clásicos del liberalismo: la prensa libre. Es como si alguien defendiera la libertad de mercado… pero con candado en la puerta de la información.
Podríamos decir, con algo de humor —porque a esta altura el humor es casi un mecanismo de defensa—, que estamos ante una versión criolla del “acceso restringido”: el famoso “pase VIP” para preguntar. Solo que en este caso, el VIP no es para el periodista incisivo, sino para el periodista cómodo. Una especie de casting silencioso donde la pregunta incómoda queda en la sala de espera.
Y esto no es un problema de periodistas. Es un problema de ciudadanos. Porque cuando se limita el acceso a la información, lo que se limita es la posibilidad de entender qué está pasando. Y cuando no entendemos, dejamos de controlar. Y cuando dejamos de controlar, el poder —cualquier poder— crece sin contrapeso.
La democracia no se debilita de un día para el otro. No hay un apagón repentino. Hay, más bien, pequeñas sombras que se van acumulando. Decisiones que parecen menores. Protocolos que se endurecen. Puertas que se entrecierran.
Por eso, discutir la libertad de prensa no es un debate teórico. Es una alerta práctica. Es recordar que el poder necesita ser observado, interpelado, cuestionado. Y que los periodistas —con todos sus errores, sus estilos y sus diferencias— cumplen una función que excede cualquier simpatía o antipatía personal.
Porque al final del día, la pregunta es simple: ¿queremos gobiernos que hablen… o gobiernos que también escuchen?
Y para escuchar, primero hay que dejar entrar.
