Una ex presidente de la Nación, que cumple prisión por una causa por corrupción, volvió a asistir a tribunales a una indagatoria en un juicio por similares motivos, más agravados. Precisamente, las tres gestiones del kirchnerismo han dejado varios expedientes abiertos, en los que se investiga malversación de fondos públicos y sus funcionarios más conspicuos están presos.
Ese pasado inmediato es lo que se señala para desviar la atención de denuncias que se están acumulando contra la administración actual. Diariamente se informa sobre cuestiones que vinculan al presidente Javier Milei con una estafa con una criptomoneda, que se suman a supuestos hechos de corrupción que tienen como protagonistas a miembros de su gabinete.
La reacción del líder libertario fue declarar a la moral como política de Estado. Esa referencia fue central en su disertación en el Foro Económico del NOA, realizado este jueves en Tucumán, cuando se esperaba que hiciese referencias concretas a propuestas para sostener la microeconomía, cuya caída está provocando el cierre de las empresas de la región y contribuyendo al crecimiento de la desocupación y de la informalidad. El mandatario se puso bajo el amparo intelectual de la noción de moral de Adam Smith, quien -dijo- tiene un impacto en su gestión y determina sus decisiones, que apuntan a “hacer economía para que la gente esté mejor”.
En la provincia, van tomando cuerpo las acusaciones por malversación del Fondo de Reparación Histórica. Desde su inicio, su aplicación generó sospechas y las medidas de control que se aplicaron no impidieron que a una década de su disolución, se confirme que buena parte de sus recursos tuvieron un destino incierto. Su ejecutor, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, echó mano a un argumento frecuente para explicar las acusaciones, vinculándolas a “una operación política”. La misma documentación que lo involucra fue usada para identificar a quienes, a su juicio, están detrás de la misma.
Esta situación está mostrando que es el sistema institucional el que no está funcionando adecuadamente. En la Cámara de Diputados se ha solicitado formalmente que la Comisión de Auditoría se integre de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial; esto es, la mayoría de sus miembros deben pertenecer a la oposición. La que se ha integrado para el corriente año legislativo, apenas le asigna un lugar de los siete que la conforman. Ello llevó a que el diputado conservador, José Gauffin, acusara a los últimos tres gobiernos provinciales, de raíz justicialista, de degradar la Institucionalidad hasta su desnaturalización absoluta, generando niveles de fragilidad alarmantes.
Ese tipo de actitudes da razón a cuestionamientos de especialistas en Derecho Constitucional, como Omar Carranza, quien afirmó que en Argentina existe una marcada desobediencia a la Constitución. El abogado destacó que el país todavía enfrenta dificultades para vivir conforme a las reglas del Estado de derecho.
Sus apreciaciones colocan a la Justicia en un rol central en el sistema cemocrático. Precisamente son sus falencias las que, de algún modo, provocan los desvíos que ponen a la corrupción como un doloroso dato de la realidad.
Recuperar el respeto a la Constitución puede ser el inicio de la vuelta al virtuoso camino de la institucionalidad.
Salta. 20 de marzo de 2026
