Agustina TolabaEn su columna por Aries, el coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo Del Pino, denunció irregularidades en la investigación de muertes dudosas de mujeres en la provincia, haciendo especial hincapié en el caso de Amelia Pozo, una joven de 19 años hallada muerta el 5 de enero en la ciudad de Metán. Según Del Pino, la aplicación del protocolo UFEM, creado en 2019 y basado en estándares nacionales y de la ONU, muchas veces se transforma “en letra muerta”, especialmente en el interior provincial, donde no existen fiscalías especializadas en femicidios.
Del Pino explicó que Amelia Pozo mantenía una relación marcada por violencia de género. Sin embargo, al momento de su muerte, aparecida colgada en las vías del tren, la fiscalía clasificó inicialmente el hecho como suicidio sin realizar autopsias, entrevistar a la pareja de la víctima ni recopilar pruebas clave. “Se toman prejuicios y no hechos. No se aplicó el protocolo como corresponde, lo que genera un daño enorme a la víctima y a su familia”, señaló.
El abogado relató que recién después de su intervención como querellante, tras varios meses, se logró que se cite a la pareja de Amelia y se comience a reunir evidencia pendiente, como celulares y pericias de tablets. “Lamentablemente, el tiempo transcurre y la verdad huye. No podemos acusar ni investigar adecuadamente debido a la falta de criterio de los operadores judiciales”, afirmó Del Pino, subrayando la necesidad de reforzar la capacitación en perspectiva de género y asegurar la aplicación estricta del protocolo UFEM para evitar que muertes dudosas queden impunes.
“Esto retrasa investigaciones cruciales y dificulta el acceso a la verdad”, señaló Del Pino y recordó también otros casos, como el de Cintia Fernández, donde prejuicios hacia la víctima y su entorno condicionaron la investigación y llevaron al archivo prematuro de la causa.
Por último, remarcó que hay al menos 21 muertes dudosas en Salta que no han sido calificadas como femicidios. “Seguramente son más, sobre todo en el interior de la provincia, donde muchos operadores judiciales no están capacitados en perspectiva de género. Hay muchos supuestos suicidios que podrían ser femicidios”, concluyó Del Pino, subrayando la necesidad de reforzar la formación especializada y la aplicación rigurosa de protocolos.
