Ivana Chañi
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, expresó fuertes cuestionamientos sobre el informe preliminar que analiza la ejecución del Fondo de Reparación Histórica y advirtió sobre importantes irregularidades en la gestión de los recursos destinados a obras públicas.
En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña —en Cara a Cara—Ferraris explicó que a fines de febrero llegó a la presidencia de la AGP un informe preliminar elaborado por el área correspondiente del organismo que concluía con una “abstención”, situación que —según afirmó— encendió alertas dentro de la institución.
“El punto de partida de considerar una abstención después de tantos años de trabajo ya era una señal indicativa de que había cuestiones que no correspondían”, sostuvo.
Al revisar la documentación, el titular del organismo detectó datos que consideró preocupantes respecto de la relación entre los recursos utilizados y el estado real de las obras financiadas.
Según detalló, de las 176 obras incluidas en el programa solo 84 fueron concluidas. Ese grupo representa apenas el 24% del dinero ejecutado, mientras que el 76% restante está vinculado a obras no finalizada, rescindida o que directamente no se iniciaron.
“Se concluyeron 84 obras sobre 176, pero esas obras representan apenas el 24% del dinero. El 76% restante se relaciona con obras no concluidas”, explicó.
Ferraris indicó que en muchos casos se pagaron anticipos financieros aun cuando las obras no podían comenzar en el corto plazo.
Como ejemplo mencionó una planta de tratamiento de residuos cloacales en Orán, cuyo inicio dependía de la expropiación de un terreno que ni siquiera había comenzado a tramitarse cuando se otorgó el anticipo a la empresa.
Esa situación derivó en que la firma mantuviera los fondos durante más de cuatro o cinco años antes de iniciar la obra.
“El Estado siempre debe ser diligente para recuperar el dinero cuando una operación no se ejecuta como corresponde”, afirmó.
El titular de la Auditoría también señaló que los pocos recuperos que realizó el Estado provincial se hicieron a valores históricos, mientras que las actualizaciones de precios de las empresas se aplicaron considerando el contexto inflacionario.
“Eso genera que el Estado termine soportando los efectos negativos de la inflación”, advirtió.
Ferraris agregó que también se detectaron problemas en los registros administrativos, particularmente en la forma en que se registraron algunos anticipos financieros, lo que dificulta seguir la trazabilidad del gasto público.
Según explicó, todos los pagos realizados por el Estado deben quedar reflejados en registros que permitan verificar con claridad cuándo, cuánto y a quién se pagó cada monto, algo que —según su análisis— no siempre ocurrió en el caso del fondo.
Finalmente, remarcó que las conclusiones de su análisis ya fueron incorporadas al expediente y que próximamente podrían tomar estado público.
