La modernización laboral está a la cabeza de las cuestiones que importan a la administración libertaria aunque no oculta su preocupación por la posibilidad que no tenga mayoría suficiente para sostener el DNU que introduce modificaciones sustanciales a la organización de la SIDE. Ambos temas desvelan a los negociadores de La Libertad Avanza porque tienen muy en claro que son objetivos que el presidente Javier Milei considera prioritarios para continuar con la zaga de reformas para que el país levante vuelo y él alcance la inmortalidad que busca afanosamente.
El receso legislativo del mes en curso no ha impedido que se desplieguen movimientos para contactar de manera formal o informal -según los casos- a quienes pueden, sino demoler, por lo menos limar las aristas más puntiagudas de la resistencia que los proyectos de ley están generando. Hay dos líneas de acción muy marcadas: la del Ejecutivo sobre los gobernadores, a través del titular de la cartera del Interior. Precisamente esta semana se abrió con la presencia de Diego Santilli en Salta, buscando la foto con un gobernador que no retacea su acompañamiento, en tanto se realice un listado de obras públicas que no pueden demorar un año más. El lunes se cumplió el cometido y no hubo sorpresas: el funcionario nacional se llevó cuatro votos favorables para la votación en general.
La otra línea es parlamentaria y apunta al diálogo sectorial a través de la Comisión de Trabajo de la Cámara alta. Se ha entablado para tener de primera mano las opiniones que se han escuchado en el marco del Consejo de Mayo, un órgano colegiado consultivo, creado en julio de 2024, para debatir y elaborar propuestas normativas u otro tipo de medidas necesarias para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto que la Presidencia de la Nación suscribiera con un grupo mayoritario de gobernadores.
Organizaciones empresarias están acercando su parecer sobre algunos aspectos del proyecto, posición que -seguramente- no va a alterar la decisión política de los distintos sectores que integran el Parlamento. No quieren perder la fuente de financiamiento de su representación gremial ni su capacidad de negociación, preservando la concentración del modelo de discusión salarial actual. Además, quieren acotar la discrecionalidad estatal para anular acuerdos, a fin de achicar los márgenes de inseguridad jurídica y mayor conflictividad judicial.
Del lado sindical no hay planteos formales pero, en principio, hay un rechazo mayoritario a las disposiciones contenidas en los casi 200 artículos del proyecto. “Quita derechos” es la expresión que sintetiza los planteos que realizaron voceros de los distintos sectores que constituyen el conjunto de organizaciones de los trabajadores. Las confederaciones que nuclean a los sindicatos hasta los gremios individualmente no cerraron la posibilidad del diálogo; en realidad, lo están reclamando porque no consideran que la iniciativa del gobierno de Javier Milei preserve el interés de obreros y empleados. Por eso baten el parche de un paro con movilización.
El proyecto de modernización laboral entró en una fase decisiva. Se sanciona como ley, aún con reformas en tanto no cambien su espíritu, o se convierte en una bandera para guiar la protesta social. O es una ley que no alcanza el debate necesario y su destino es la judicialización.
Será la prueba del apego a una propuesta política que promete cambiar el curso de la historia.
Salta, 22 de enero de 2026
