La legisladora nacional explicó que la iniciativa se presenta como una norma aclaratoria de la legislación vigente, ya que su objetivo es resolver las ambigüedades técnicas que han persistido durante 15 años sin una reglamentación plena.
Política22/12/2025
Las comisiones de Minería de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores recibieron a la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, con el objetivo de analizar el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Glaciares N.º 26.639 y su impacto en el desarrollo productivo y económico de la provincia.
Durante su exposición, la senadora nacional remarcó que el proyecto no habilita la actividad minera sobre glaciares, sino que reafirma como objeto de protección legal a aquellas geoformas que cumplen una función hídrica relevante y estratégica. En ese sentido, explicó que la propuesta busca eliminar las denominadas “zonas grises” del concepto de ambiente periglaciar, otorgando mayor seguridad jurídica a los proyectos productivos.
“Este proyecto de ley es una aclaración de la Ley de Glaciares donde se reafirma que el objeto protegido es aquel que tiene una función relevante en un recurso estratégico como el agua, pero también le devuelve a las provincias el federalismo que no ha quedado claro en la ley original”, señaló Royón. Además, recordó que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
La legisladora explicó que, si los estudios científicos demuestran que determinadas estructuras son inertes y no aportan al sistema hídrico, estas no deberían constituir una restricción para el desarrollo de proyectos mineros. En ese marco, destacó que la reforma fortalece las facultades provinciales, permitiendo que las decisiones ambientales se adopten con criterios técnicos, información actualizada y una mirada federal.
Consultada sobre el impacto concreto en Salta, Royón aclaró que la provincia no cuenta actualmente con proyectos mineros en conflicto con la Ley de Glaciares, pero subrayó que la iniciativa devuelve a las jurisdicciones provinciales la posibilidad de realizar sus propios estudios de impacto ambiental y mantener actualizado el inventario de recursos estratégicos. “De facto, son las provincias las que deben identificar qué tiene función hídrica y qué cumple un rol estratégico”, afirmó.
Por su parte, diputados y senadores provinciales coincidieron en que, si bien el tratamiento de la reforma es de alcance nacional, resulta fundamental unificar criterios internos para asegurar que el crecimiento económico se traduzca en beneficios concretos para Salta. En ese sentido, destacaron la necesidad de compatibilizar la explotación de los recursos con la protección ambiental, resaltando que la minería pasó de ser una actividad secundaria a convertirse en uno de los principales motores del desarrollo económico provincial.
Asimismo, remarcaron la importancia de contar con autonomía y financiamiento para realizar relevamientos técnicos y estudios de impacto ambiental propios.
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